La
administración pública es el conjunto de acciones que realizan todas las
entidades del Estado en los tres niveles de gobierno: nacional (los tres
poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial), regional (gobiernos
regionales), y local (municipalidades provinciales, distritales y centros
poblados). Según el último registro del Servicio Civil Peruano (Servir), en
2023 el Estado peruano contaba con un total de 1´549,000 servidores civiles
(gobierno nacional 45%, regional 42% y local 13%).
En
las estructuras administrativas de los tres niveles de gobierno la corrupción de
funcionarios y autoridades es el principal impedimento para lograr nuestro
desarrollo, grave delito que se ha convertido en un problema recurrente y
generalizado, se trata de un fenómeno prevaleciente que actúa como enormes
barreras para el progreso económico, social y político porque utiliza
indebidamente el poder político y administrativo en beneficio personal o de
grupos coludidos con intereses privados a expensas del desarrollo, perpetuando
un ciclo de exclusión y marginación social, la falta de transparencia de
procesos administrativos contribuye a la ineficiencia y falta de rendición de
cuentas en las instituciones estatales.
La
corrupción pública es un mal endémico en nuestro país y se trata del delito más
grave que se puede cometer desde cualquier entidad del Estado. Existen
infinidad de delitos que se cometen en la administración pública, tales como:
negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, fraude a la
administración pública, cohecho, tráfico de influencias, malversación de
fondos, exacciones ilegales, apropiación indebida, enriquecimiento ilícito,
prevaricato, entre otros, que socavan las instituciones y los valores democráticos,
la ética, la justicia, y comprometen gravemente nuestro desarrollo. Según la
Contraloría General de la República, este delito representa un costo anual
promedio equivalente a 12% del presupuesto nacional (unos S/ 25 millones), y al
2.5% del PBI, igualmente, su Índice de Riesgos de Corrupción e
Inconducta Funcional (INCO) registra que, de 2,928 entidades públicas
evaluadas, el 99% presenta al menos un indicador de riesgo, por corrupción o
disfunciones administrativas graves.
Además,
la excesiva burocracia de servidores civiles es una realidad que representa un
altísimo costo al Estado e impide su desarrollo como sociedad, consume gran
porcentaje del presupuesto estatal afectando inversiones en infraestructura,
además, muchas entidades públicas operan con personal mal capacitado, rotativo
o designado por favores políticos, sin evaluación real ni consecuencias por mal
desempeño afectando objetivos y metas de las políticas gubernamentales.
La
tramitología burocrática excesiva afecta a las inversiones privadas, encarece
los procesos y desalienta la formalización, según Indecopi, solo entre 2020 y
2024, se eliminaron e inaplicaron 26,387 barreras burocráticas, pero tenemos
tantas pendientes que el proceso es muy lento y fragmentado.
Bajo
este panorama, tanto la corrupción como la burocracia dorada vienen incrementándose
desde hace muchos años generando millonarias pérdidas económicas y obstaculizando
el desarrollo social del país. El nuevo gobierno de FP deberá priorizar el diseño
de medidas para reducir la corrupción, entre ellas, ejecutando una reforma de
la administración pública, reducir los monopolios burocráticos que afectan la
inversión, asfixia el emprendimiento y perpetua la informalidad y la corrupción.
Es urgente simplificar los trámites administrativos, reducir barreras
burocráticas, para mejorar la competitividad y atraer la inversión extranjera.
Además, es imprescindible mejorar la eficiencia del gasto público, la selección
de proyectos, controles internos y las capacidades técnicas y administrativas en
los tres niveles de gobierno.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 26 de junio de
2026
Artículos Publicados 
