Artículos de opinión de Alfredo Palacios Dongo

CORRUPCIÓN: DEVASTADOR IMPACTO

Después de la inseguridad ciudadana, la corrupción es el segundo problema más grave en nuestro país. El pasado día 18 en declaraciones a la agencia France-Presse (AFP) el Contralor General de la República, Fuad Khoury, advirtió que el Perú pierde anualmente por corrupción S/. 10,000 millones (alrededor de US$ 3,000 millones), añadiendo que durante su gestión denunció penalmente a 13,000 funcionarios por este delito, pero solo fueron sentenciados 60 (0.46%) con penas privativas de la libertad y 700 (5.3%) con penas menores de 4 años sin presión efectiva.

El último ranking del Foro Económico Mundial nos ubica en el puesto 130° entre 140 países donde por corrupción se consiguen sentencias judiciales favorables y en el puesto 99° para conseguir adjudicaciones de contratos públicos. Igualmente, en el último Índice de Percepción de Corrupción (IPC-2015) de Transparencia Internacional hemos retrocedido 3 puestos (88° entre 168 países), según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) esto corrobora la involución que en materia institucional está teniendo el país, pues a la corrupción se suma el peligroso retroceso en seguridad e imperio de la ley y Estado de derecho.

La corrupción en nuestro país es un mal endémico y tiene un impacto devastador, representa el delito más grave que se puede cometer desde la administración pública con negociaciones incompatibles en el ejercicio de funciones, fraude a la administración pública, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos, exacciones ilegales, apropiación indebida, enriquecimiento ilícito, prevaricato, etc., que amenazan peligrosamente nuestras expectativas de desarrollo, socavan las instituciones, debilitan la democracia y afectan gravemente la estabilidad y seguridad de la sociedad.

Bajo este panorama, el actual gobierno ya culmina su mandato y no ha adoptado medidas anticorrupción adecuadas ni eficientes para enfrentar este grave flagelo, además, los candidatos presidenciales proponen solo generalidades pero no presentan propuestas concretas ni articuladas para la lucha contra la corrupción.

Deberíamos exigir que el próximo gobierno, desde el inicio, lo afronte y combata en forma contundente, otorgando facultades sancionadoras a la Contraloría, levantando el secreto bancario a investigados por corrupción, restructurando el sistema de administración de justicia, disponiendo estrictos y rigurosos controles internos en dependencias del Estado, efectivizando las normas de transparencia pública, sancionando la imprescriptibilidad de este delito para evitar la impunidad (hace 15 años en debate), además de adecuar la muerte civil y la prisión efectiva para funcionarios corruptos.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 29 de marzo de 2016


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