El
pasado día 4 fue promulgada la Ley 29976 que crea la Comisión de Alto nivel
Anticorrupción, según sus considerandos, para “articular esfuerzos, coordinar
acciones y proponer políticas de corto, mediano y largo plazo dirigidas a
prevenir y combatir la corrupción en el país”. Aunque el presidente Ollanta
Humala haya resaltado la importancia de su creación, y la coordinadora general
de esta Comisión, Susana Silva, manifieste que esta ley “marca un hito en la
lucha contra este flagelo”, su contenido es prácticamente un calco del derogado
Decreto Supremo 016-2010-PCM que en enero 2010 creó esta misma Comisión y que a
la fecha no ha tenido logros que exhibir.
Esta
normativa que da rango de ley a dicha Comisión, tiene el mismo objetivo,
funciones y similar conformación de integrantes, sin embargo, aumenta entre sus
miembros al Presidente del Congreso, pero elimina, sin razón justificada, al
Defensor del Pueblo, al Director Ejecutivo del Consejo Nacional de
Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y al Director Ejecutivo del
Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética), a quienes considera,
conjuntamente con otras instituciones, solo como participantes con voz pero sin
voto.
Esta
es otra de las tantas iniciativas anticorrupción que podrían seguir la lista de
aquellas creadas anteriormente con pésimos resultados, como la Iniciativa
Nacional de Lucha contra la Corrupción (gobierno de transición); Consejo
Nacional Anticorrupción (gobierno de Toledo); Oficina Nacional Anticorrupción –que
no operó ni 10 meses– y Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (gobierno de
García).
Pero
además, han proliferado iniciativas aisladas anticorrupción como comisiones,
convenios de cooperación interinstitucionales, unidades de inteligencia,
códigos, campañas, cruzadas y marchas, observatorios de delitos, subsistemas
judiciales, entre otras, pero la corrupción sigue instalada y subyace con todo
rigor en las estructuras del país.
El
Contralor General de la República, Fuad Khoury, en diciembre pasado advirtió
sobre la existencia de “una larga lista” de casos de corrupción de funcionarios
públicos que revelaría por internet a partir de este mes de enero. Esperamos
que el Contralor cumpla con este trascendente anuncio.
Bajo
este panorama, la corrupción es uno de los problemas más graves a enfrentar en
nuestro país, pero no basta crear comisiones anticorrupción ni realizar esfuerzos
aislados, se requiere principalmente mejorar la institucionalidad; incrementar
la eficiencia en los mecanismos de control de gestión y de sanción; eliminar el
irrespeto público a la ley y el mal uso del poder e impunidad reinante; además,
debe implementarse la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, seguirse
una rigurosa transparencia pública, fomentar la ética pública y mejorar la
educación de la población sobre derechos y obligaciones ciudadanos.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 12 de enero de
2013
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