Después
de la inseguridad ciudadana, la corrupción genera total rechazo de la población,
por tal motivo el presidente Ollanta Humala cierra el 2013 con la mayor
desaprobación (61%) desde que inició su gobierno. Este flagelo, que afecta
seriamente a la mayoría de instituciones públicas, nos trunca el desarrollo y afecta
gravemente la gobernabilidad e institucionalidad y la legitimidad democrática.
Desde
su Plan de Gobierno 2011-2016, la actual gestión levantó banderas de cruzada
nacional, como política de Estado permanente y lucha sin cuartel contra mafias
y grupos de poder, ofreciendo implementar la imprescriptibilidad e
inhabilitación a perpetuidad para función pública y pena efectiva para condenas
desde 2 años, pero ninguno de estos ofrecimientos ha sido cumplido.
El
4 de enero 2012, el gobierno creó la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción
(CAN), pero es la quinta Comisión similar desde el gobierno de Transición (hace
13 años), sin grandes logros que exhibir. En diciembre 2012 se aprobó el “Plan
Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016” (PNA), pero sus avances se desconocen
(su página web señala: “Página en construcción”). En abril pasado publicaron la
Estrategia Anticorrupción del Poder Ejecutivo con 20 acciones para prevenir,
detectar y sancionar la corrupción, pero la mayoría requiere largos plazos de
accionamiento.
El
Congreso –que increíblemente no permite fiscalización de Contraloría– no
aprueba imprescindibles leyes anticorrupción: Muerte Civil contra deudores al Estado; Imprescriptibilidad o
aumento del tiempo de prescripción (debatiéndose hace 13 años; actualmente hay
20,000 casos, muchos a punto de prescribir); Inhabilitación permanente para la
administración pública; Prisión efectiva para funcionarios, etc.
Bajo
este panorama es muy grave la corrupción que nos azota:
1)
El Ministerio Público investiga 7,000 casos de autoridades y ex funcionarios;
2)
Por falta de presupuesto la Contraloría solo controla 280 de 3,300
instituciones del Estado;
3)
La impunidad es impresionante, de 272 casos con sentencias condenatorias
presentados por Contraloría, el Poder Judicial ha impuesto condena efectiva
solo a 10, y 262 únicamente condicional;
4)
Los sentenciados por corrupción solo han pagado por reparación civil S/. 12
millones (0.6%) de un total de S/. 2,000 millones;
5)
Es indignante que según última encuesta de Ipsos, 73% de ciudadanos estaría
dispuesto a coimear para agilizar trámites públicos, y según Proética, 58% no
sabe dónde hacer denuncias, y el 86% considera que los resultados de denuncias
son poco o nada efectivos.
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