Los
26 prefectos regionales son funcionarios públicos designados por el Ministerio
del Interior y su función es representar al Poder Ejecutivo en sus regiones; tienen
como actividad principal “planear, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la
gestión y acción de las autoridades políticas en el ámbito de su jurisdicción”,
sin embargo, en la práctica son cargos designados a dedo con gente afín al
gobierno principalmente para dar empleo
a quienes colaboraron en las campañas de Perú Libre y para que el comunista Castillo
cuente con operadores políticos y refuerce su base sociopolítica que representa
el sindicato Federación Nacional de Trabajadores de la
Educación del Perú (Fenatep) que él mismo creó.
Y lo más grave, cuestionadas
designaciones de prefectos regionales de dirigentes vinculados al ala radical
del magisterio del Fenatep y profesores de Conare-Sutep y Movadef, entre ellos: Manuela
Méndez (Áncash) presidenta de campaña de Perú Libre para la zona sierra; Eliseo
Huamaní (Apurímac) investigado por terrorismo, fundador de Conare-Sutep y
firmante de Movadef; Ronal Llanos (Amazonas) aportó S/ 12,000 para la campaña
de Castillo, y como prefecto gana S/ 4,200 mensuales; Rubén Quispe (Ayacucho)
militante activo de Perú Libre; Brangil Mateo (Junín) integrante de Fenatep; Miriam
Briones (Lima) ex dirigente de Conare-Movadef; Roger Apolinar (Lima Provincias)
coordinador campaña Perú Libre; Guillermo Rea (Moquegua) integrante de Conare y
acusado por actos de violencia en toma de carretera; Cinthia Lindo (Piura)
vinculada a Conare-Movadef e investigada por la Dirección contra el terrorismo;
Roger Puraca (Puno) militante de Perú Libre; Juan Alvarado (San Martín) miembro
de Fenatep; Jaqueline Encinas (Tacna) vinculada a Conare-Movadef.
Bajo
este panorama, en total son 1,608 prefectos y subprefectos, los 26 prefectos
regionales designan a subprefectos provinciales (186) y distritales (1,396), de
los que, según la Comisión de Descentralización, 40% pertenecen a Perú Libre, tienen
un presupuesto para remuneraciones y logística de S/ 65 millones para 2022, y será
incrementado a S/ 76 millones para 2023, representan el brazo político del
gobierno comunista y actuarán como “sus ojos y oídos”, no es coincidencia que
el pasado 15 de agosto cientos de prefectos y subprefectos se reunieron con
Castillo en Palacio, de noche, a puerta cerrada y sin agenda oficial registrada
(¿quién pagó los traslados y alimentación?). El pasado 23 de agosto la
congresista Nilza Chacón presentó el Proyecto de Ley 2882/2022-CR que propone
la eliminación de prefectos y subprefectos con argumentos válidos por tratarse
de funcionarios designados a dedo, sin requisitos y que realizan una actividad
política paralela a la de autoridades elegidas en elecciones como los
gobernadores regionales y alcaldes locales, provinciales y distritales.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo
publicado en el diario EXPRESO, fecha 22 de octubre de 2022
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