El
ministro de Cultura, Alejandro Salas, asumió el cargo el pasado 1 de febrero
sin ninguna experiencia en asuntos culturales, pero, según él, iba a relanzar y
modernizar el Ministerio de Cultura inspirado en el Ministerio de Cultura de
Francia, lo cual olvidó por completo por convertirse en usual y activo defensor
o escudero, o portavoz o intérprete del comunista Castillo en decenas de
declaraciones, entrevistas y mensajes en Twitter, según su versión, cumple rol
de asesor y consultor político; increíblemente defendió la decretada
inamovilidad de Castillo del 5 de abril indicando que fue un día democrático
porque Castillo fue al Congreso y dejó sin efecto la medida.
En julio 2010 se promulgó la ley 29565 de creación del
Ministerio de Cultura que dispone 38 funciones que el ministro debe asumir con
gran esfuerzo, entrega y dedicación exclusiva para planificar, formular, aplicar
políticas públicas para conservar y proteger nuestro vasto patrimonio cultural,
lo cual incumplió demostrando desidia e incapacidad de función. Todo iba bien
para Salas como defensor o escudero de Castillo, hasta que el 10 de abril se
derrumbaron 19 metros del muro perimétrico de piedras del complejo
arquitectónico de Kuélap en Amazonas y recién como primera acción obligada de
su sector viajó a Chachapoyas y anunció la creación de una unidad ejecutora.
Se estima la existencia de 100,000 sitios arqueológicos y
edificaciones con valor patrimonial que el Estado debería mantener pero ni
siquiera se encuentra actualizado el catastro del patrimonio material e
inmaterial para racionalizar su investigación, priorización, preservación y
puesta en valor, además, con un irrisorio presupuesto y sin considerarlo prioridad
el desamparo es casi total, y, ni siquiera contamos con una ley de
mecenazgo que permita el concurso del sector privado en proyectos y actividades
culturales; existen muchas zonas arqueológicas desprotegidas por
expansiones no planificadas de poblaciones aledañas que ocasiona invasiones,
tráfico de tierras, concesiones agrarias y minera ilegal, solo en Lima y Callao
existen miles de km2 ocupados y parcialmente invadidos por asentamientos
humanos, y se incrementan las infracciones en sitios arqueológicos y
alertas a la Dirección General de Defensa del Patrimonio
Cultural.
Bajo este panorama, el ministro Salas al dedicarse a otras
acciones diferentes a su función de proteger nuestro patrimonio cultural está
incumpliendo el artículo 21° de nuestra Constitución. El Ministerio de Cultura
debe dedicarse a resolver la grave problemática de
nuestro desprotegido y descuidado acervo patrimonial nacional, tanto material
como inmaterial, ya que si no se toman urgentes acciones podría acelerarse la
destrucción de muchos sitios arqueológicos como el que acaba de suceder con la
fortaleza de Kuélap.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha
23 de abril de 2022
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