El
pasado día 12 el pleno del Congreso aprobó la moción de orden del día N° 28
presentada por el partido Renovación Popular para crear una comisión que investigue
los presuntos actos de corrupción y cualquier otro delito cometido durante las
Elecciones Generales 2021, además, propone modificaciones a la legislación
electoral sobre vacíos legales que habrían sido usados para cometer las
presuntas irregularidades.
Lo
increíble e inexplicable es que el bloque “democrático”, de 79 votos, hubieron
10 en contra y 18 abstenciones (14 de Acción Popular) contra la investigación
de irregularidades y presunto fraude en las elecciones para sancionar con la
máxima severidad a funcionarios, servidores públicos o personas naturales
responsables de haber atentado contra el orden electoral y voluntad popular. En
el bloque “comunista” de Perú Libre, todos votaron en contra, y hasta sostuvieron
que no debe seguir el revanchismo y proponían asimilar la derrota.
Esta
investigación es de vital importancia para el país para conocer la verdad, porque
desde el inicio del proceso el presidente del Jurado Nacional de Elecciones
(JNE) Salas Arenas, como presidente y
como miembro con doble voto o voto dirimente, se parcializó con el partido
comunista marxista leninista Perú Libre permitiendo que candidatos vinculados
al Movadef (brazo político de Sendero Luminoso) puedan inscribirse por dicho
partido para postular al Congreso, logrando incorporar hasta seis congresistas vinculados con este
movimiento, entre ellos, Guillermo Bermejo, actualmente procesado por
terrorismo, y asimismo, no permitió la verificación de
actas de votación.
El partido Perú Libre, debe ser investigado por una presunta práctica
sistemática organizada de irregularidades, como robo de votos, falsificación de
actas, firmas falsas, adulteración en mesas, miembros de mesa suplantados, etc.
Igualmente, la ONPE y el JNE por
haber incumplido flagrantemente la Constitución, Capítulo XIII (Sistema
Electoral), en su artículo 176° porque dispone que el escrutinio debe ser reflejo exacto de la voluntad del elector, artículo
178° inciso 1, fiscalización de la legalidad del sufragio, e inciso 4,
administración de la justicia electoral, artículo 179° número de miembros del
JNE (debieron ser 5), y el artículo 181° el JNE debe apreciar los hechos con criterio
de conciencia y resolver con arreglo a ley y principios generales de derecho.
Bajo este panorama, el proceso electoral, viciado
y plagado de irregularidades y violaciones de leyes, va a ser investigado por
el Congreso para conocerse la verdad. Al verificarse todas las actas de
votación y de
confirmarse un fraude electoral, se deslegitimaría el resultado de las
elecciones y la proclamación presidencial del comunista Castillo.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 21 de agosto de
2021
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