El Departamento de Estado de EE UU en
su último informe sobre Estrategia Internacional de control de Narcóticos y
Lavado de Dinero de marzo 2020 señala que durante 2019 fueron identificados en
nuestro país US$ 1,750 millones provenientes de lavado de dinero, de los cuales
US$ 880 millones corresponde a lavado en minería ilegal (la mayor cantidad en
los últimos 9 años) ya que los narcotraficantes están dirigiendo el lavando
dinero a través de transacciones de oro ilegal, inclusive, a pequeña escala
mezclan oro ilegal con lícito en la cadena de suministro, pero además del
tráfico de drogas, también son fuentes de fondos ilícitos la tala ilegal de
madera, corrupción pública, contrabando, piratería, trata de persona, entre otras,
los cuales son blanqueados creándose empresas de fachada para simular
operaciones financieras.
Este delito, que por su poder corruptor
genera en nuestro país peligrosos efectos perturbadores en la gobernabilidad,
así como profundas distorsiones en la economía se ha incrementado en los
últimos años debido al creciente aumento de dinero ilícito el cual es
blanqueado en compra de inmuebles, lujosos vehículos, transferencias de bienes
y dinero ilegales, remesas al exterior y cambio de divisas.
El principal medio para enfrentar el
lavado de activos es a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
creada en marzo 2002 (Ley N°27693) y adscrita a la SBS, cuya función es recibir,
analizar, tratar, evaluar, transmitir información y detectar este delito, investigando
los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de personas naturales y jurídicas
obligadas a proporcionar información de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
3° de la Ley N°27693. Entre el 2011 y agosto 2020 la UIF recibió 80,848 ROS, y solo
entre enero y agosto 2020 recibió 6.482, y, aun así, no tiene facultad para
levantar directamente el secreto bancario y tributario lo que afecta su labor de análisis e investigación financiera.
Bajo este panorama, después de más de 10
años de gestiones, recién el pasado día 14 la
Comisión de Economía del Congreso aprobó un dictamen que otorga dicha facultad
a la UIF, pero falta su debate y aprobación en el pleno. Sin embargo, para la lucha contra el lavado de activos aún faltan
acciones, entre otras, fortalecer la fiscalía y órganos de control, mejorar la
ley de Pérdida de Dominio, uso de nueva tecnología para evaluación de riesgos y
de información e inteligencia financiera, detección de personas naturales
detrás de empresas y aplicación de sanciones firmes.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el
diario EXPRESO, fecha 24 de octubre de 2020
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