El pasado día
4, en cumplimiento de la resolución 39/1 del Consejo de Derechos Humanos, la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)
presentó un informe sobre la situación de Venezuela (período enero 2018-mayo 2019), destacando ocurrencia de
patrones de violaciones contra todos los DD.HH: civiles, políticos, económicos sociales y culturales. La ACNUDH
estuvo en Venezuela del 11 al 22 de marzo pasado y la Comisionada Michelle
Bachelet del 19 al 21 de junio realizándose unas 700 entrevistas con Maduro,
políticos, Iglesia, empresarios, universidades, estudiantes, sindicatos,
organizaciones de DD.HH, diplomáticos, ex militares, agentes de seguridad y unas
200 víctimas.
Se responsabiliza
al gobierno de Maduro de “cometer numerosas violaciones a los derechos
humanos”, al derecho de alimentación por escasez y precios inaccesibles, el salario
mínimo US$ 7 cubre 4.7% de la
canasta básica (desde 2017 la hiperinflación se incrementó en 1.300.000%), la asistencia alimentaria es mayormente para partidarios
del gobierno (la FAO reportó 3.7
millones de desnutridos). En salud, atención deteriorada, éxodo de personal
médico, carencia de medicina básica (entre noviembre 2018-febrero 2019 murieron 1,557 pacientes por falta de insumos hospitalarios).
La violación
de derechos políticos está incrementándose, el gobierno impone hegemonía comunicacional
restringiendo medios independientes, se acelera
desmantelamiento de instituciones democráticas, consideran a oposición
política “traidores, agentes desestabilizadores”. Entre 2017-mayo 2019 se
realizaron 32,000 manifestaciones
contra el gobierno. Entre 2014-2019 fueron
detenidas 15,000 personas por razones
políticas, y entre enero 2018-mayo
2019, en operaciones violentas de seguridad resultaron 10,000 muertos, cientos
de personas privadas arbitrariamente de libertad fueron sometidos por el
servicio bolivariano de inteligencia nacional (Sebin) y dirección general de
contrainteligencia militar (Dgcim) a formas de tortura o trato o pena cruel,
inhumada o degradante. Sobre migración venezolana, entre 2018-junio 2019 aumentó hasta 4 millones por
violaciones de derechos alimentarios y salud, violencia, inseguridad, colapso
de servicios básicos y deterioro educativo.
Bajo este tétrico
panorama, mientras el dictador Maduro responde furiosamente este informe manifestando
que en Venezuela “no hay presos políticos” y que realizarán una marcha de
disconformidad, organizaciones internacionales piden a ONU elevar dicho informe
a la Corte Penal Internacional. En esta situación, nuestro país ha convocado
para el próximo 6 de agosto una reunión en Lima para discutir sobre la crisis
política venezolana donde han sido invitados países considerados aliados de este
país, tales como, China, Rusia, Cuba, Bolivia y Turquía, además de la
invitación a otras doce naciones.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 13 de julio de 2019
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