Estados
Unidos desclasificó recientemente documentos del Departamento de Estado donde
aparece un informe “confidencial” dirigido al presidente Jimmy Carter notificándole
que en diciembre 1975 el presidente del gobierno militar Augusto Pinochet
ofreció a su homólogo boliviano Hugo Banzer una franja de territorio de 10 km
con acceso al mar sin incluir áreas para un puerto marítimo, pidiendo
“intercambio de territorio y derechos sobre agua dulce de Bolivia”, advierte
que “Chile buscaba una alianza con Bolivia contra el Perú” y señala que este
ofrecimiento reduciría tensiones en el área, debiendo la estrategia de EE UU
apoyar a Bolivia a tener acceso al mar por ser una causa internacional muy
popular y fomentaría la cooperación entre países del área.
Pero ¿en
qué consistió realmente dicho acuerdo y como intervino el Perú? El 8 de febrero
1975, durante el “abrazo de Charaña” entre Pinochet y Banzer, normalizaron
relaciones diplomáticas y arribaron al acuerdo de cesión de Chile a Bolivia de un
corredor entre la línea Concordia y el extremo norte de Arica con canje
compensatorio de tierra y mar cedidos y derecho chileno de aprovechar
totalmente las aguas del río Lauca. Diez meses después, dicho acuerdo fue
consultado al Perú (nota diplomática 685, diciembre 1975) en cumplimiento el
artículo 1° del Protocolo Complementario del Tratado Perú-Chile de 1929.
Perú
contestó en noviembre 1976 condicionando su aprobación al establecimiento en
Arica de un área territorial bajo “soberanía compartida” de Bolivia, Chile y
Perú, administración portuaria común, concesión para construcción de un puerto boliviano
manteniendo soberanía sobre el mar adyacente al litoral del territorio bajo
“soberanía compartida” y establecimiento de un polo de desarrollo económico
mancomunado. Chile la rechazó por considerarla una alternativa diferente al
acuerdo con Bolivia. En marzo 1977 Bolivia y Chile cesaron definitivamente sus
relaciones por no ponerse de acuerdo en las compensaciones solicitadas por
Chile.
Actualmente
ambos países afrontan un litigio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ)
por una demanda boliviana presentada en abril 2013 requiriendo la obligación de
Chile para negociar “de buena fe” una salida soberana al mar. Compete al Perú
su neutralidad, estar atento a los alegatos orales y al fallo final proyectado
para 2018 y analizar los probables cursos de acción a seguir si el fallo
dispone la convocación de una negociación de Chile con Bolivia, lo cual podría
abrir la posibilidad de involucrar a nuestra frontera sur y nuestros intereses
marítimos.
Artículo de Alfredo Palacios
Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 11 noviembre 2017
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