El pasado día
22 el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, manifestó que “no se
permitirá dar marcha atrás contra la minería ilegal” a pesar que este gobierno
no ha avanzado nada en combatirla, contrariamente se ha retrocedido por el grave
incremento de destrucción de nuestros bosques amazónicos y su biodiversidad y la
contaminación de recursos hídricos y suelos con cianuro y mercurio.
Una principal
propuesta inicial del gobierno fue erradicar la minería ilegal y formalizar los
mineros artesanales. En su mensaje presidencial 2012, Ollanta Humala aseguró
que su gobierno estaba trabajando de la mano con los gobiernos regionales,
empezando a formalizarse 20,000 mineros artesanales quienes inclusive contaban
con RUC, en su mensaje 2013 reafirmó la voluntad del gobierno para continuar la
formalización y firme decisión de luchar contra la minería ilegal, en su
mensaje 2014 aseguró que con interdicciones se erradicó 70% de esta actividad
en Madre de Dios.
Lo
que dijo el presidente no fue cierto porque el ministro del Ambiente ha
reconocido que desde 2011 la deforestación allí se duplicó (2,500 a 5,000
hectáreas anuales), además, hay 20,000 mineros ilegales (ninguno formalizado) en La Pampa,
Huepetuhe y Delta que destruyeron 50,000 hectáreas, y según la Defensoría del
Pueblo, de 75,372 declaraciones de compromisos de formalización solo 16
cubrieron el proceso, además, a
pesar de haberse incrementado las interdicciones para enfrentar la minería
ilegal, éstas no la erradican, solo destruyen campamentos y maquinaria que son
repuestos fácilmente o se desplazan hacia otras zonas.
Es increíble que en
diciembre 2011 se autorizó a los mineros informales continuar
extrayendo oro en el corredor de Madre de Dios y en mayo 2012 a comercializarlo
2 años adicionales, estableciéndose también el 19 abril 2014 como plazo de
formalización, pero en agosto 2013 se postergó hasta 2016 con una “Estrategia
de Saneamiento” (DS 029-2014-PCM) que ni siquiera se ha iniciado.
A
este gobierno se le acabó la voluntad y el tiempo, el próximo gobierno debería:
mejorar el marco legal de formalización; apoyar las regiones (tienen funciones
y facultades sobre minería artesanal) en presupuesto, capacidades humanas e
institucionales; evitar provisiones de explosivos, químicos y maquinaria
prohibida a mineros ilegales; promulgar la Ley de Ordenamiento Territorial y
determinar zonas de actividades extractivas; evitar alquileres de concesiones
legales a mineros ilegales; fiscalizar el oro ilegal (procesamiento, comercialización
y exportación) y controlar las áreas naturales protegidas.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha
30 de abril de 2016
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