El pasado día
14 se realizó en Washington la IX Reunión de Ministros de Economía de la
Alianza del Pacífico participando los ministros de Perú, México, Chile y
Colombia, quienes reafirmaron el compromiso de desarrollar estrategias para
combatir el lavado de dinero fortaleciendo el intercambio de información. Este
compromiso es importante dentro del contexto de cooperación bilateral y
multilateral, sin embargo, primero debemos resolver nuestro problema interno; en
abril 2002 con ley 27693 se crea la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
para encargarse del análisis, tratamiento y transmisión de información para
prevenir este grave delito, posteriormente se generó una vasta normatividad, sin
embargo, no ha sido enfrentado de manera efectiva.
En mayo de
2011, con DS 067-2011-PCM, se presentó el plan nacional de lucha contra el
lavado de activos y financiamiento del terrorismo para prevenir, detectar y
reprender actividades ilícitas con 85 objetivos, la mayoría incumplidos, además,
se encuentra desactualizado, debiendo actualizarse en base a 40 recomendaciones
del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Con el mismo DS se creó una
comisión ejecutiva multisectorial (CONTRALAFT) integrada por 16 entidades para
coordinar acciones de prevención y hacer seguimiento del plan, pero con mínimas
reuniones de trabajo no ha logrado ningún avance importante.
Son deficientes
los mecanismos de prevención, control y capacitación, existe descoordinación
institucional entre Ministerio Público, Policía Nacional y UIF, las
estadísticas son inconsistentes, la información sobre dinero que moviliza este
delito es dispar, para la Asociación de Bancos mueve US$ 1,340 millones
anuales, para la ONU US$ 7,000 millones y para la Fiscalía de la Nación hasta
US$ 10,000 millones, además la UIF no cumple con estándares internacionales porque
no tiene acceso al secreto bancario ni reserva tributaria en casos de presunto delito,
no se le permite establecer responsabilidad penal autónoma ni supervisar cooperativas,
tampoco puede contar con un registro sobre transferencias de acciones, y además,
la Fiscalía demuestra poca drasticidad para penalizarlo con mínimas condenas
efectivas ejecutadas.
Bajo
este panorama, ni siquiera conocemos realmente
la magnitud de esta grave actividad delictiva que blanquea millones de dólares
de malos empresarios y políticos, tráfico de drogas, minería ilegal, contrabando,
piratería, trata de personas, entre otros, requiriéndose de mayores controles
de actividades ilícitas bancarias, tributarias, en fronteras, así como de
peritos especializados, bases de datos, y enormes esfuerzos de coordinación
interinstitucional en prevención, investigación, seguimiento, detección y
represión penal.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 23 de abril de
2016
Artículos Publicados 
