El
pasado día 12 el primer ministro, César Villanueva, refiriéndose al Caso López Meneses
dijo “desafortunadamente es la fotografía de una desinstitucionalización que
tiene el país, todo el mundo califica y condena de cualquier cosa”. Es
realmente lamentable que trate de evitar criticas u opiniones sobre este gravísimo,
escandaloso e irregular resguardo de la casa del ex operador montesinista Óscar
López Meneses durante año y medio, las 24 horas, con 8 patrulleros, 2 motos, 22
agentes policiales y hasta serenazgo.
No
es así señor primer ministro, los políticos y la ciudadanía tienen potestad
democrática de calificar y condenar cualquier indignante caso, como éste, que
no parece ser producto de errores o conspiraciones de malos policías, sino de un
acto con asentamiento de poderes políticos mayores, y por el bien del país, debe
ser aclarado, develado y sancionado drásticamente.
Es
preocupante que a 2 meses del destape del caso la Comisión del Congreso recién
este definiendo su agenda (cuantas pruebas pueden haber sido eliminadas o
manipuladas) con el nefasto precedente de renuncia de su primer presidente,
Víctor García Belaunde, por reunirse indecorosa y secretamente con el presidente
Humala, asimismo, con un oficialismo buscando bloquear la formación de la Comisión
liderada por la oposición, y además, con inconcebibles despropósitos se haya relevado
al Ex Jefe del Comando Conjunto de las FF AA, Almirante José Cueto, quien
realizaba una excelente gestión (principalmente contra el narcoterrorismo),
tratándose de involucrarlo sin justificación alguna en este asunto.
Ciertamente
el Caso López Meneses es un acto de alta corrupción política concretado por la debilidad
y retraso de nuestras instituciones estatales, poco consolidadas, volátiles, de
casi absoluta dependencia del poder centralizado y sin fuerza y eficiencia para
mantener la ley y el orden, lo cual debe ser urgentemente reformado.
Justamente, la mayoría de peruanos desconfía de instituciones fundamentales
como el Congreso, Poder Judicial, Policía Nacional, partidos políticos y del
propio Gobierno, que deben ser pilares del orden democrático y de servicio a la
población.
El
objetivo principal de las instituciones en nuestro país debe dirigirse hacia la
reducción de incertidumbres, estableciendo una estructura estable y eficiente
de la interacción humana y del potencial de crecimiento y desarrollo. Finalmente,
la política consiste en organizar las instituciones de modo de garantizar el
respeto del bien común y no de intereses personales o de grupos políticos o
partidarios.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 18 de enero de
2014
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