INSEGURIDAD EN NUESTRA FRONTERA CON COLOMBIA

El grupo insurgente de la FARC “La estructura 48 de los comandos de frontera Segunda Marquetalia” viene incursionando en territorio peruano, y, para financiar sus acciones terroristas promueven cultivos de coca y producción de cocaína manteniendo bajo su control plantaciones en el Putumayo peruano explotando a jóvenes de la zona para que laboren en las cosechas y en laboratorios de cocaína. En este contexto, el pasado 15 de julio la Policía Nacional del Perú, en coordinación con la policía colombiana, realizaron el operativo “Qhaway Llaktay” descubriendo en territorio peruano fronterizo (Loreto) un depósito de armas y un centro de fabricación de explosivos perteneciente a dicho grupo disidente incautándose morteros, granadas, explosivos, cartuchos, que usan para acciones terroristas. 

 

Nuestra frontera con Colombia tiene 1,600 kilómetros a lo largo del río Putumayo y es una de las más vulnerables, donde los pueblos afincados, por su pobreza y precaria situación de salud, educación, servicios básicos y mínimas autoridades, están desprotegidos a incursiones desde este país, no solo de disidentes FARC, también narcoterroristas, mineros ilegales, cultivadores de coca y taladores ilegales forestales, actividades que se retroalimentan o tienen relación, en elevadas magnitudes, con la economía del narcotráfico, todo lo cual genera violencia, inseguridad y conflictos socioambientales.

 

Otra frontera muy vulnerable se encuentra en la triple frontera Perú, Colombia y Brasil, en la localidad de Santa Rosa, en Loreto, que limita con Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil) donde en julio pasado el director de Soberanía Territorial de la Cancillería colombiana sostuvo que esta localidad no le pertenece al Perú, lo cual fue rechazado tajantemente por el Gobierno peruano, sin embargo, este centro poblado es muy pobre, vulnerable y sus pobladores deben conseguir la mayoría de servicios básicos en Leticia y Tabatinga.

 

Bajo este panorama, en nuestra extensa zona fronteriza amazónica a lo largo del río Putumayo existe descuido, abandono e inadecuada presencia del Estado ocasionando que parte de nuestra población fronteriza se identifique con los valores y objetivos de los países fronterizos. El artículo 44° de la Constitución dispone como deber primordial del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras, y la ley 29778 decreta el desarrollo de fronteras e integración fronteriza como política de Estado. El Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza, que depende de la Presidencia de la República, es presidido por el ministro de Relaciones Exteriores, quien es, además, Órgano Rector del Sistema Nacional de Fronteras e Integración Fronteriza, este Consejo debe promover la presencia efectiva del Estado en las fronteras, así como el poblamiento y desarrollo económico y social de nuestros territorios fronterizos.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 3 de agosto de 2024

 

  

NUESTRAS VULNERABLES FRONTERAS

A principios de abril, cuando el coronavirus se desbordaba en Ecuador, ciudadanos venezolanos trataron de ingresar al Perú por uno de 22 puntos de pasos clandestinos que el día 4 fueron reforzados con vehículos blindados, sin embargo, por décadas, estos pasos son usados por inmigrantes ilegales, contrabandistas de combustibles, de larvas de langostinos y otros productos, además, en la Cordillera del Cóndor, en Amazonas, existen pasos ilegales de Ecuador a Perú a Santa María de Nieva y Loreto, también por tráfico de oro en Alto Comaina, El Tambo, distrito El Cenepa.

Nuestro país tiene 7,073 kilómetros de línea de frontera con 5 países: Brasil (2,822 kilómetros), Ecuador (1,529), Colombia (1,506), Bolivia (1,047) y Chile (169), los cuales limitan con las regiones de Puno, Tacna, Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Ucayali, siendo los departamentos de la Amazonía los más aislados por indiferencia del Estado para cubrir servicios de salud, educación, justicia y servicios básicos, entre otros.

Una de las fronteras más vulnerables es con Colombia, gran línea natural a lo largo del río Putumayo donde los pueblos afincados por su pobreza son vulnerables a incursiones desde Colombia de narcoterroristas, disidentes FARC, mineros ilegales y cultivadores de coca. Otra frontera muy vulnerable es la triple frontera con Colombia y Brasil donde la localidad peruana de Santa Rosa con precaria situación de salud, educación, servicios básicos y mínimas autoridades, presenta casos de narcotráfico, prostitución y trata de personas. Con Bolivia, los mil kilómetros de frontera son prácticamente transitables con muchas rutas ilegales por donde pasa droga y oro de contrabando, y con Chile, nuestro distrito La Yarada-Los Palos, creado hace 5 años para afianzar nuestra territorialidad fronteriza increíblemente no cuenta con agua ni desagüe, además está pendiente por parte de Chile el despeje de 28 áreas minadas en su zona fronteriza (21,552 minas antipersonales y antitanques).

Bajo este panorama poco o nada se ha logrado para alcanzar el desarrollo sostenible de nuestras fronteras a pesar que el artículo 44° de la Constitución dispone la obligación del Estado a establecer y ejecutar la política de fronteras, asimismo, la ley 29778 (julio-2011) y la Política Nacional (junio-2018) postulan el desarrollo e integración fronteriza, pero increíblemente según el artículo 7 de esta Política las medidas y acciones asociadas no demandaran recursos adicionales del Tesoro Público. Es así que por ausencia del Estado la mayoría de nuestras fronteras presentan situación de pobreza, marginalidad y vulnerabilidad.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 2 de mayo de 2020

NUESTRAS ABANDONADAS FRONTERAS TERRESTRES

En el Perú tenemos 7,192 kilómetros de fronteras terrestres que limitan con cinco países: con Brasil (2,822), Colombia (1,626), Ecuador (1,528), Bolivia (1,047) y Chile (169). La Constitución dispone que el deber primordial del Estado es establecer y ejecutar la política de fronteras (artículo 44°), además, hace 7 años tenemos la Ley Marco para el Desarrollo e Integración Fronteriza (Ley 29778 junio-2011) y su reglamento (DS 017-2013-RE abril-2013) que establece el desarrollo de fronteras e integración fronteriza como política de Estado con participación de los niveles de Gobierno Nacional y gobiernos regional y local, y además, es de cumplimiento obligatorio para todo el sector público, sin embargo, la mayor parte de nuestras fronteras están descuidadas y abandonadas, la mayoría de distritos de éstas zonas fronterizas se encuentran entre los quintiles pobre, muy pobre y pobre extremo en los Índices de Carencia, especialmente en Loreto (Yaquerana-Alto Tapiche, Morona, Putumayo-Napo, y el Trapecio Amazónico), Ucayali (Purús, Yurúa, Masisea, Tamaya), Amazonas (Río Santiago y Alto Camaina Cordillera del Cóndor) y Tacna (La Yarada-Los Palos).

Tenemos un Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza que depende de la Presidencia de la República (el Poder Ejecutivo debe crear las fuentes de financiamiento pero no las concreta), y es presidido por el Ministro de Relaciones Exteriores que es además Órgano Rector del Sistema Nacional de Fronteras e Integración Fronteriza entre cuyas funciones debe promover el desarrollo sostenible de los espacios de frontera, fomentar su ocupación y el uso sostenible del territorio, lo cual no se esta cumpliendo, ocasionando que parte de nuestra población fronteriza se identifique con valores y objetivos o dependa en lo económico y cultural de los países fronterizos.

Bajo este panorama la situación de nuestra población fronteriza debería obligarnos a asumir como objetivo nacional el poblamiento y desarrollo económico y social de nuestros territorios fronterizos. El pasado 14 de abril, tras la clausura de la VIII Cumbre de las Américas, el presidente Martín Vizcarra, reconociendo que gran parte de nuestra frontera con Colombia esta descuidada, anunció que el gobierno tendrá “mayor protección y presencia en las fronteras”, sin embargo, increíblemente nuestro país no cuenta con una Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos que coadyuve a incrementar la presencia efectiva del Estado en los espacios de frontera contribuyendo a su desarrollo económico y social así como a la afirmación de nuestra soberanía, integridad territorial e identidad nacional.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 26 de mayo de 2018

NUESTRA ABANDONADA FRONTERA CON BRASIL Y COLOMBIA

En la denominada triple frontera se unen los dos mayores productores mundiales de cocaína (Colombia y Perú) y el mayor consumidor en Latinoamérica (Brasil). La localidad de Santa Rosa, último poblado peruano de la región Loreto colinda con Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil) y es conocido como centro de acopio de drogas; aún con esporádicas operaciones contra el narcotráfico policiales y militares entre los tres países, en nuestra frontera se incrementa el tráfico de drogas conforme aumentan los cultivos de coca; la pasta básica pasa literalmente flotando desde Santa Rosa a Leticia y Tabatinga escondida en botes y hasta en vientres de pescados congelados es una corta navegación de cinco minutos por el río Amazonas. Santa Rosa tiene apariencia de abandono, calles de tierra, suelos inundables, dos pequeñas escuelas, una posta médica y mínimo personal policial, sin embargo, en la zona de nuestra frontera la trata de personas es una actividad cotidiana donde muchas menores son traídas vía fluvial desde Iquitos.

Desde 2006 nuevas tecnologías de narcotraficantes permitieron el cultivo y procesamiento de coca en zonas húmedas. En la provincia de Mariscal Castilla con sus cuatro distritos (Yavarí, Ramón Castilla, Pebas y San Pablo) en su capital Caballococha y en Cushillococha y Bellavista Erené se estima que actualmente existen unas 15,000 hectáreas de cocales ilegales que son convertidas en pasta básica cuyo precio por kilo es US$ 300 en el lado peruano, pasándolo a Leticia aumenta a US$ 2,000 y a Tabatinga a US$ 3,000, la cocaína de alta pureza hasta triplica estos precios. En 2015 en estas zonas se erradicaron 13,800 hectáreas pero en 2016 no hubo erradicación por amenazas de muerte de narcotraficantes colombianos, y actualmente, además de la resiembra, se cultivan nuevas áreas alejadas de asentamientos humanos en ambas márgenes del río  Amazonas (San Pablo, San José de Cochiquinas, Alto monte y Nuevo Chimbote).

Bajo este panorama, el Estado está ausente en nuestra abandonada triple frontera a pesar de la existencia de narcotráfico enraizado en la economía local. Hace cuatro años el gobierno presentó un programa de apoyo para su desarrollo sostenible fortaleciendo la presencia del Estado, el acceso a servicios básicos e infraestructura, y en el que Devida priorizaría un plan de emergencia para ejecutar programas de desarrollo productivos a corto plazo e iniciativas laborales y de empleo de impacto rápido, lo cual lamentablemente jamás se llevó a cabo.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 21 de abril de 2018