PREOCUPANTE AUMENTO DE DEMANDAS DE ARBITRAJE CONTRA EL PERÚ ANTE EL CIADI

 

El CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) es un Convenio internacional independiente, integrante del Banco Mundial, creado por tratado internacional en octubre de 1966, como medio de conciliación y arbitraje, con consentimiento de las partes, por diferencias en inversiones internacionales entre un inversionista y un Estado, los casos son resueltos por árbitros expertos e imparciales quienes fallan en base a hechos y el derecho invocado por las partes. Actualmente 157 Estados forman parte del CIADI y para nuestro país, entró en vigor el 8 setiembre 1993.

 

En los últimos años se incrementaron inusitadamente las demandas contra el Estado peruano, por controversias, incumplimientos de obligaciones o disputas tributarias en contratos de inversión internacionales suscritos ante el CIADI. Al 2024 tenemos 22 demandas interpuestas, ubicándonos como el país más demandado en América Latina. Solo durante 2024 se presentaron cuatro: 1) Gas Natural de Lima y Callao (US$200 millones); 2) Gasoducto Sur Peruano (US$194 millones); 3) Concesionaria Angostura Siguas (US$1,400 millones); y 4) cervecería Backus (S/1,600 millones). Y en 2025, el pasado 12 de marzo, la empresa Brookfield demandó una restitución de US$2,700 millones por Rutas de Lima, y el 17 de marzo, la empresa colombiana Promigas inició otra demanda.

 

Lo grave es que durante 2024 el CIADI dictaminó cuatro casos contra Perú: 1) en marzo, nos obligó a pagar cuantiosas indemnizaciones a Línea 2 del Metro, por sobrecostos US$52.6 millones, por daños económicos de construcción US$181 millones, EUR32.4 millones y S/27.5 millones, y, por perjuicios financieros e intereses S/84.7 millones; 2) en mayo, dispuso que indemnicemos US$92.4 millones a Kuntur Wasi por cancelación del contrato del Aeropuerto de Chinchero (Cusco) en 2017, inclusive, el presente mes, hemos sido declarados en rebeldía por el Tribunal de Columbia de EEUU por no cumplir con dicho pago; y 3) en diciembre, dispuso el pago de US$194 millones a Enegás por el gasoducto Sur Peruano (aumentado el presente mes hasta US$302 millones).

 

Bajo este panorama, la razón principal de las empresas extranjeras para incluir una cláusula CIADI en contratos con el Estado peruano, es por seguridad jurídica, para definir a través de este Convenio, eventuales discrepancias, consecuencias incompatibles o disputas económicas; por su parte, el Estado peruano, es partidario de incluir esta cláusula como mecanismo de promoción de inversión privada, sin embargo, antes de incluir una cláusula CIADI en cualquier contrato, el gobierno (Proinversión) debería efectuar un exhaustivo análisis sobre condiciones, características y niveles de protección en acuerdos y concesiones, porque los fallos adversos dictados por CIADI perjudican la reputación de nuestro país, además, los pagos económicos indemnizatorios, que son obligatorios, los tiene que cubrir el gobierno con dinero de todos los peruanos.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 31 de mayo de 2025

 

CIADI DISPONE QUE PERÚ PAGE MILLONARIA INDEMNIZACIÓN A ENAGÁS, EMPRESA SOCIA DE ODEBRECHT

El pasado viernes 20, la empresa española Enagás, socia de Odebrecht en el proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP), obtuvo laudo favorable del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ordenando al Perú pagarle US$ 194 millones, basándose en su incumplimiento del Acuerdo para la promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito en 1994 entre Perú y España, porque Kuczynski, en enero 2017, rescindió el contrato del GSP, con avance de 37%, por incumplimiento del cierre financiero de Odebrecht. Lo increíble es que la empresa Enagás, que cubría 25% del proyecto, reclamó US$ 400 millones (CIADI reconoció US$ 194 millones), pero los reclamos restantes por US$ 1,200 millones corresponden 55% a Odrebrecht (también ha recurrido al CIADI), y 20% a Graña y Montero. Desde esta paralización el gobierno está pagando a la empresa colombiana Estudios Técnicos US$ 46.8 millones anuales por cuidar ductos, equipos y materiales que abandonó Odebrecht en Acchahuata, Cusco, y, hasta enero 2025, ya le estaría pagando unos US 370 millones, casi el doble de lo que debemos pagarle a Enagás. 

Desde que comenzó este proyecto GSP, en 2008, estuvo plagado de corrupción, el primer contrato de concesión, por US$ 1,330 millones, fue suscrito durante el gobierno de García con la firma Kuntur (constituida un año antes), el contrato concluyó, y Odebrecht compró sus acciones, en 2014 el gobierno de Humala adjudicó la concesión al consorcio Odebrecht, Enagás y Graña y Montero, por US$ 7,328 millones, después, la Contraloría advirtió que su costo era menor a US$ 3,800 millones, además, la Fiscalía Anticorrupción descubrió que en dicha concesión se favoreció a Odebrecht, en enero 2017 el gobierno de Kuczynski rescindió el contrato, y en 2019 la empresa reconoció haber recibido sobornos para obtener la obra.

Este proyecto GSP, paralizado 8 años, se encuentra en cartera en Proinversión por una inversión de US$ 4,320 millones, pero sin postores ni alternativa técnica de solución. Las pérdidas son cuantiosas y si no se toman medidas urgentes llegarían a niveles inimaginables. A enero 2025 este proyecto GSP nos estaría costando alrededor de US$ 560 millones, más el precio de los ductos, lo que pueda resolver el CIADI sobre el reclamo de Odebrecht por US$ 1,200 millones, y los US$ 46.8 millones anuales por el cuidado de ductos. Todas estas enormes pérdidas serán pagadas por todos los peruanos.  

Bajo este panorama, el mayor aliciente que tenemos ahora, es conocer la verdad sobre todos los actos corruptos y entreguistas, debido a que el Tribunal Constitucional ordenó que el acuerdo de colaboración con Odebrecht sea público como principio fundamental del Estado de derecho, tras declarar fundada la demanda de habeas data interpuesta por el ciudadano Phillip Butters.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 28 de diciembre de 2024