La
inversión pública en gobiernos regionales y locales (municipalidades) presenta
un complejo panorama, todos los años dejan de ejecutar gran porcentaje del
presupuesto general, y de transferencias de empresas mineras por canon,
regalías y sobrecanon, recursos con que deberían cerrar brechas en
infraestructura y acceso a servicios públicos (orden público y seguridad,
salud, educación, transporte, agropecuaria y saneamiento), considerando además,
que los recursos no utilizados deben revertir al tesoro público al finalizar el
ejercicio fiscal.
En
las 25 regiones, según el portal seguimiento presupuestal del Ministerio de
Economía, restando menos de 3 meses para culminar el año fiscal 2025, solo 9
gobiernos locales han superado el 50% del presupuesto en inversión (entre 50.8%
y 64.3%), y aunque el promedio regional utilizado bordea el 75%, la
Contraloría General ha alertado que 5 regiones han ejecutado menos del 50%: Huánuco
41.4%, Lambayeque 44.8%, Áncash 44.9%, Callao 45.2%
y Tumbes 49.9%. En las municipalidades (196 distritales y 1,695
provinciales), en los 2 últimos años, a nivel nacional, sumaron miles de
proyectos descontinuados (13,803 en 2023 y 10,170 en 2024), y en 2024, las 20
con mayor presupuesto no llegaron a ejecutar ni el 59% de lo recibido; a
nivel distrital, el primer trimestre 2025, el 35% registran menos del 5% de
ejecución.
Pese
a esta situación, el pasado 16 de junio, el Congreso, sin sustento técnico y
con afán populista, con Ley 32387, disminuye 2% del IGV para el Gobierno
central para duplicar el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) de 2% a 4%
del Impuesto de Promoción Municipal (IPM) con el argumento de promover la
descentralización fiscal y fomentar el desarrollo de los gobiernos locales.
Según el Consejo Fiscal, podría afectar hasta 2029 en 0.7% del PBI (unos
S/8,000 millones anuales).
Existen
diversos motivos de ineficiencia en ejecución de recursos públicos por los
gobiernos regionales y locales: carencia de equipos técnicos y de
gestión, falta de capacitación en procedimientos administrativos y en
administración tributaria, deficiencias en planificación, formulación y
evaluación de proyectos públicos, falta de criterio técnico e ineficacia en las
inversiones, obras paralizadas, decisiones politizadas para contrataciones, falta
de mecanismos de monitoreo y evaluación de calidad del gasto y cumplimiento de obras,
casos de corrupción, entre otros.
Bajo
este panorama, los gobiernos regionales y locales deben ser eficientes y
escrupulosos en la ejecución de gastos presupuestales y realización de obras, la
ejecución de gastos apresurados en proyectos durante los últimos meses del año
fiscal generan ineficiencia y ocasionan graves consecuencias en el proceso de
construcción de obras, descontinuándolas o paralizándolas, a pesar de ser imprescindibles
para mejorar la calidad de la infraestructura y servicios públicos que acrecientan
el desarrollo, bienestar y condiciones
de vida de los ciudadanos.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 25 de octubre
de 2025
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