Las
economías ilegales son actividades delictivas realizadas por grupos o redes
estructuradas que actúan en pacto con la violencia y la corrupción para obtener
beneficios financieros o materiales, funcionan aliándose con gente corrupta en
los ámbitos estatal, político, policial, judicial o aduanero, aprovechando la
fragilidad institucional, el abandono de fronteras, concretando sus acciones a
través de testaferros, empresas pantalla, blanqueo de capitales, lavado de
activos, donaciones encubiertas, defectos y vacíos de la legislación, poca fiscalización
y control del movimiento de dinero ilegal, alta informalidad y una desmesurada
impunidad.
Según
información de La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), las 5 economías ilegales que más afectan nuestro país
son: la minería ilegal de oro (US$4,000 millones anuales), trata de
personas (US$1,300 millones), tráfico ilícito de drogas (US$1,200 millones),
tala ilegal de madera (US$880 millones) y extorsión (US$750 millones), le
siguen, contrabando, pesca ilegal, tráfico de terrenos, piratería (software) y
tráfico de flora y fauna silvestre, ocasionándonos pérdidas económicas anuales
que bordean los US$10,000 millones, equivalentes a entre 3% y 4% del PBI.
Las
economías ilegales representan una gran amenaza para nuestro país, generan
enormes ingresos económicos ilegales para financiar sus actividades criminales,
dichos recursos ilícitos no son detectados en el sistema bancario y financiero,
distorsionan la economía, generan competencia desleal quitándole incentivos a
empresas legales y destruyendo el medio ambiente; en la política, pueden
penetrar el campo político creando partidos, incluyendo candidatos en listas
parlamentarias, financiando campañas, negociando con candidatos ganadores y
otros mecanismos que distorsionan la representación política, para que
respondan directamente a sus intereses, buscando la continuidad del delito y el
refuerzo de la impunidad. Pero lo más grave es que afectan nuestra seguridad
nacional, estabilidad social y la democracia, son aliadas al crimen organizado
promoviendo el desborde criminal que tanto nos está afectando, desencadenando
olas de violencia y criminalidad con asesinatos, extorsiones, sicariato, ajuste
de cuentas, secuestros y otros delitos, por tal motivo, el último Índice Global
de Crimen Organizado nos posiciona en el sexto lugar entre los países con mayor
criminalidad en Sudamérica.
Bajo
este panorama, las economías ilegales son cada vez más relevantes en nuestro
país, controlan inmensos territorios y sus actividades crecen exponencialmente
debido a la inestabilidad política, debilidad institucional, falta de
fiscalización y control y la alta informalidad que permiten que se infiltren en
los niveles de gobierno a nivel nacional. Estas actividades ilícitas deben ser
enfrentadas con estrategias integrales, eficaces políticas públicas y máximo control,
seguimiento y persecución por la Unidad de Inteligencia Financiera, la
Contraloría, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria,
la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, además, para
combatirlas, debe imponérseles sanciones muy drásticas y efectivas.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 13 de setiembre
de 2025
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