ESPIRAL DE LA CORRUPCIÓN AVANZA SIN FRENO EN NUESTRO PAÍS

 

El pasado 30 de enero la organización Transparencia Internacional presentó en Berlín, Alemania, su Índice Anual de Percepción de la Corrupción (IPC-2023), el cual analizó 180 países sobre políticas y acciones anticorrupción, desde 2022 hasta setiembre 2023. Utiliza para su calificación percepciones de expertos residentes y no residentes con decenas de encuestas empresariales mundiales, evaluaciones de analistas de riesgos comerciales y expertos de instituciones internacionales y cataloga en cada país, el grado de corrupción percibida entre los funcionarios públicos y políticos, particularmente sobre el abuso del servicio público en beneficio personal, sobornos, pagos irregulares en contrataciones públicas, malversación de fondos, y, efectividad de acciones e iniciativas anticorrupción promovidas por los gobiernos.

 

Según este IPC 2023, el Perú ha registrado el peor índice desde hace 15 años, 33 puntos sobre 100, cayendo 3 puntos respecto a 36 del 2022 (100: transparente, 0: muy corrupto), los puntajes por debajo de 50 indican graves problemas de corrupción, es realmente preocupante que Perú está catalogado entre los países que han presentado puntuaciones mínimas respecto al año anterior, junto con Cuba, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Venezuela. En el ranking, entre 180 países, hemos caído 20 puestos (del 101° al 121°), el peor desde 1998, demostrando que la corrupción avanza sin freno en nuestro país.

 

De la percepción, pasamos a los hechos, lo que constata nuestra situación de corrupción en el IPC-2023: según la Contraloría, la corrupción en la gestión pública en 2022 ocasionó un perjuicio de S/24,419 millones (2.6% del PBI), y más de 76,000 contratos públicos se hicieron a libre elección o a dedo durante el gobierno de Castillo ocasionando gastos corruptos por S/9,000 millones; la Procuraduría Anticorrupción denunció que entre 2021 al 2023 fueron reportados 52,672 casos de corrupción, y, solo en el primer trimestre 2023 se registraron 3,403 nuevos casos, además de 88 casos contra altos funcionarios; según la Defensoría del Pueblo, al 31 diciembre 2022, a nivel nacional, se reportaron 40,095 casos de corrupción en trámite, y, durante el primer semestre 2023 se registraron 5,680 nuevos casos; y el Poder Judicial, en los 8 primeros meses 2023 dictó 122 sentencias de criminalidad organizada y corrupción.

 

Bajo este panorama, es urgente que se tomen acciones y se dicten políticas con el fin de revertir esta situación hacia una dirección positiva, principalmente para evitar el tráfico de influencias, perfeccionar métodos de adquisiciones públicas, supervisar el gasto público a nivel gubernamental, local y regional, evitar la impunidad, dictar penas drásticas y contundentes, para esto, es indispensable tener un Poder Judicial objetivo, eficiente y eficaz, y, asimismo, se apruebe la propuesta de muerte civil a las autoridades corruptas presentada el 23 de enero pasado.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 3 de febrero de 2024