El
pasado 30 de julio, un artículo del diario Universal de México, publicado en el
Grupo Diarios América, presentó un informe sobre la situación de las cárceles
de 12 países de América Latina concluyendo que “Perú es el que muestra la mayor
crisis carcelaria”. Esta severa “calificación” lamentablemente se corrobora con
datos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE): el hacinamiento carcelario
llega a 72%, del total de 68 cárceles existentes 49 están hacinadas, 10 con
sobrepoblación de 300%, y el penal del Callao 500% (su capacidad es para 572
internos, hay 3,450), del total de 91,187 internos 82,781 (90.78%) se
encuentran en penales hacinados, y, de dicho total, 34,651 (38%) no han sido
sentenciados. En mayo 2020 el Tribunal Constitucional, alertó que dicha situación
de hacinamiento era considerada “Estado de cosas inconstitucional”.
En esta segunda etapa
del gobierno comunista de Boluarte, en solo 8 meses han pasado dos ministros de
Justicia, José Tello de diciembre 2022 a abril 2023 dejó el ministerio porque
Otárola pidió su renuncia, y desde abril 2023 a la fecha, quien lo reemplazó,
Daniel Maurate, tiene la responsabilidad de revertir esta grave situación
penitenciaria, sin embargo, cuando un programa televisivo denunció el 25 de
junio pasado que trabajadores del INPE recibieron coimas en el penal del Callao
para ingresar droga y celulares, recién anunció su reestructuración, pero
increíblemente ratificó a su presidente Javier Llaque argumentando que “hay un
problema estructural más grande que el INPE”. Cinco días después expuso con
dureza: “El problema carcelario del Perú es una bomba de tiempo, con un
hacinamiento grave y condiciones inhumanas”, sin embargo, esta “bomba de
tiempo” debería comenzar a desactivarla con urgencia y no solo con palabras.
Bajo este panorama, el
ministro de Justicia, es rector y conductor de la Política Nacional
Penitenciaria al 2030 con objetivos prioritarios orientados a reducir el
hacinamiento, garantizar la seguridad en los penales y fortalecer la
reinserción, sin embargo, no solo va a solucionar el problema mejorando la
infraestructura, construyendo más penales, otorgando indultos o instalando
grupos de trabajo, resulta indispensable coordinar con el Ministerio Público y
Poder Judicial sobre la situación de prisión preventiva y con el Gobierno y el
Congreso sobre penas y beneficios penitenciarios, además, el uso de grilletes
electrónicos es mínimo, a pesar que fue normado con ley 29499 (enero 2010), y
el Decreto Legislativo 1514 (junio 2020) dispone su utilización en
procesados o condenados entre 4 y 10 años (excluyendo delitos graves), deberían
ser usados para reducir el hacinamiento, finalmente, es indispensable incrementar en el sistema
penitenciario los medios humanos, logísticos, presupuestales y de servicios
para el tratamiento de salud y seguridad penitenciaria.
Artículo de Alfredo Palacios
Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 29 de julio de 2023
Artículos Publicados 
