El
corredor minero del sur, de 400 kilómetros, es una importante vía de transporte
para las minas por la que se traslada el mineral hasta el puerto de Ilo, atraviesa
las regiones de Arequipa. Apurímac, Cusco, Moquegua, Tacna y Puno, siendo clave
para minas importantes a nivel mundial como Las Bambas (Apurímac, Cotabambas),
Antapaccay (Cusco, Espinar), Hudbay (Cusco, Chumbivilcas).
Desde que el
delincuente comunista Castillo llegó al poder, comenzaron las acciones
antimineras, el caos y violencia, recordemos que en noviembre 2021 la ex premier
Mirtha Vásquez firmó en Ayacucho un acta para el cierre inmediato de cuatro
minas, pero fue desde el pasado 7 de diciembre, cuando apresaron a Castillo, en
que arreció el caos, violencia, ataques, saqueos e incendios en el corredor
minero generados por comunistas extremistas antimineros y violentistas
radicales. A pesar que las minas aportan elevados presupuestos a los distritos,
provincias y regiones que lo conforman, la vía del corredor ha sido
permanentemente paralizada en diferentes sectores, afectando 2.6
millones de personas (52%). Las Bambas representa el 78% del PBI de Apurímac y
actualmente no puede transportar material por bloqueos en Chumbivilcas, y en
enero pasado la minera Antapaccay fue atacada, saqueada, y su campamento
incendiado.
Los actos vandálicos en
las minas ocasionarán dramáticos resultados en 2023: 1) Inversión
minera, el sector dejaría de invertir US$ 2,000, según el BCR podría caer hasta
–16%; 2) Exploración, es casi inexistente así como también la expansión de las
actuales minas; 3) Producción, grave riesgo de dejar de producirse 30% de cobre,
habiéndose perdido US$ 960 millones: 4) Exportaciones, en 2022 cayeron 5%
respecto a 2021 (de US$ 39,680 millones a US$ 37,711 millones), especialmente
el cobre que se redujo en US$ 1,100 millones, y en 2023 continuarían cayendo; 5)
Trabajadores mineros, según la SNMPE por paralizaciones y ataques a mineras están
siendo afectados más de 30,000 trabajadores.
Bajo este panorama, el
gobierno de Perú Libre es antiminero. A pesar que la minería es nuestra
principal fuente de divisas pues aporta 12% del PBI nacional, el gobierno (en
sus dos fases) no ha solucionado la violencia radical y el caos que persiste
contra las minas en el corredor minero y en el resto del país impidiendo su
normal funcionamiento, sin embargo, la minería ilegal, no la fiscalizan ni
erradican. La presidenta Boluarte tiene la responsabilidad de hacer prevalecer
el Estado de derecho, el principio de autoridad y las leyes, y enfrentar el
caos y escalada violentista extrema en el sector minero y en la zona sur del país
ejerciendo adecuadamente el poder y adoptando las medidas necesarias, con
decisión, carácter, firmeza y autoridad.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO. Fecha 4 de marzo de
2023
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