En
diciembre de 1998 el dictador comunista Hugo Chávez fue elegido presidente de
Venezuela, un año después implantó una nueva Constitución estableciendo el
derecho de los venezolanos “a la información veraz, oportuna e imparcial”
imponiendo exigencia a los medios de comunicación, subordinando la libertad de
prensa a juicios de valor subjetivos, generando desprotección jurídica y
abriendo el camino para que el poder político controle los órganos de prensa,
poco tiempo después empezó a hostigar con ataques verbales a los medios de
comunicación que ejerciendo la libertad de información criticaban sus desviadas
conductas gubernamentales, usando diferentes procedimientos administrativos y
fiscales, empezaron a cerrar 34 señales de radio, continuando este proceso el
dictador Maduro (desde abril 2013), así, en los últimos 20 años cerraron más de
600 medios de comunicación, impresos, cadenas de TV y medios radiales.
En
nuestro país, si bien el comunista Castillo no ha podido cambiar la
Constitución porque necesitaría reformar la carta magna para incorporar una
convocatoria a una Constituyente, pero no tiene los votos ni menos el arraigo
popular, sin embargo, sigue el procedimiento de los dictadores venezolanos
contra la libertad de prensa. Desde que asumió el gobierno acecha continuamente
a la prensa libre, con amenazas, hostilidades y agresiones físicas y verbales, según
ECData Castillo ha arremetido contra medios y periodistas en 24 ocasiones
pronunciándose contra la prensa cada 14 días, y lo más grave, vocifera que “los
medios de comunicación tergiversan la realidad”, que nuestra prensa “es un
chiste”, “dicen cosas basura” o “están sesgados para mentirle al país”,
inclusive en octubre pasado durante una conferencia de prensa internacional
censuró a los medios de comunicación peruanos, también han propuesto una “ley
de medios” que controlen radio y TV y otra “ley mordaza” que pide sanción a
operadores de justicia que den información sobre investigaciones penales.
Bajo
este panorama, la situación de las libertades de expresión y prensa en el Perú
están en su peor momento según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP),
incluyendo al Ejecutivo entre las instituciones que más afectan estos derechos,
retórica y físicamente a los periodistas, igualmente, para la plataforma
Vigilantes, la evaluación de libertad de expresión de este gobierno es de
“alerta muy grave”. El gobierno comunista está dando los primeros pasos como
exactamente inició el proceso la dictadura venezolana hasta llegar a
criminalizar totalmente el trabajo periodístico arrasando la libertad de prensa
y expresión. El comunista Castillo ha tomado como su enemigo a vencer, a la
libertad de prensa, jamás debemos permitirlo, el derecho a la información de
todos los peruanos es fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 12 noviembre de
2022
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