En los nombramientos de 21 prefectos regionales, el
comunista Castillo y el ministro del Interior Guillén han refrendado una gran
repartija de empleos entre profesores de la Federación Nacional de Trabajadores
de la Educación del Perú (Fenatep), creada por Castillo en base a grupos
derivados del ala de profesores más radicales de los Conare, así, de los 21
prefectos nombrados, 14 pertenecen a Fenatep, el resto a militantes y
coordinadores regionales de campaña de Perú Libre, pago por favores políticos y
cuotas para amigos.
Las
prefecturas son órganos desconcentrados de la Dirección General de Gobierno
Interior, representan al gobierno y tienen como función principal planear,
dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la gestión de las autoridades
políticas en el ámbito de su jurisdicción (RM-1050-2019-IN), e increíblemente, éstas
designaciones son a propuesta del director general del gobierno interior,
profesor Segundo Heredia, chotano, miembro del Fenatep y amigo de Castillo, pero
además del nombramiento de 25 prefectos regionales, Guillén está en proceso de designación
de subprefectos provinciales y distritales (el Perú cuenta con 196 provincias y
1,874 distritos), imaginemos la cantidad de nombramientos a dedo de cargos
políticos a prefectos y subprefectos afines al gobierno comunista con altos
sueldos (prefectos S/.4,500 mensuales), que deberían garantizar la neutralidad
en las regiones, provincias y distritos, pero por el contrario, va a imperar una
gran desconfianza por la forma como actúan los comunistas.
Son
muy graves los nombramientos de personajes vinculados al Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales
(Movadef) y Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución (Conare), tenemos
ejemplos, Eliseo Huamaní (nombrado prefecto de Apurímac), investigado por
terrorismo, fundador de Conare-Sutep y
firmante de Movadef; Guillermo Rea (Moquegua), integrante de Conare y acusado
por actos de violencia en la toma de una carretera; Cinthia Lindo (Piura),
vinculada a Movadef y Conare e investigada por la Dirección contra el
terrorismo (Dircote); Lucinda Quispealaya (Junín), investigada por malversación
y cercana a Cerrón.
Bajo
este panorama, según Guillén, la designación de profesores como prefectos ha
sido criterio de Castillo, sin embargo, a pesar que conoce las vinculaciones con
movimientos pro senderistas (por lo que fue citado a la Comisión de Defensa del
Congreso y está en proceso su interpelación), sus acciones son contrarias,
respalda absolutamente los nombramientos porque “ninguno tiene sentencia” e
increíblemente, a pesar de la repartija, con asombrosa ingenuidad y aparente
frialdad manifiesta que “no deberíamos copar el Estado”, además, resulta
escandaloso que sostenga que “los prefectos del país (nombrados
por el gobierno comunista) deben guardar absoluta neutralidad con el proceso
electoral que se avecina en octubre”.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 22-de enero de
2022
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