Incluso
desde antes que el partido comunista, marxista-leninista Perú Libre llegue al
poder en elecciones cuestionadas, en marzo pasado, el candidato Castillo fue
presentado por Bermejo a agricultores cocaleros de Pichari (Cusco), en el
Vraem, a los que les prometieron una ley de hoja de coca, aseguraron una agenda nacional eliminando y despenalizando la
judicialización de su producción, sin empadronamiento de cocaleros y promulgando
una ley similar a la de Evo Morales en Bolivia de marzo 2017 (en la cual amplía
áreas autorizadas para cultivos ilícitos de hojas de coca, de 12,000 hasta
22,000 hectáreas), además, Bellido aseguraba que para luchar contra el narcotráfico,
el Perú debe “terminar todo tipo de relación con Estados Unidos” sobre acciones
de erradicación y lucha contra el narcotráfico, y fortaleciendo los cocaleros
para que sus productos sean industrializados.
Debemos
considerar que en el Vraem no se erradica y hay 20,000 hectáreas de cultivos de
coca ilegal, y como ya no hay espacios para sembrar más coca, los cocaleros lo
compensan con mejoramiento tecnológico e intenso uso de agroquímicos,
incrementando al triple la densidad de plantas por hectárea y mejorando
rendimientos a cuatro cosechas al año incrementando la producción de cocaína a
nivel nacional que se estima alrededor de 800 toneladas (no existen cifras
oficiales).
Bajo
este panorama, entre hoy día, sábado 2, y el domingo 3, se realizará el
Congreso Nacional de las Cuencas Cocaleras del Perú, donde el congresista
Bermejo, procesado penalmente por presuntas vinculaciones con
el terrorismo, presentará su proyecto de ley de la hoja de coca, con la cual busca el empadronamiento de los
cocaleros ilegales, legitimar los productos cocaleros, solo con la finalidad de
evitar la erradicación de cultivos de coca argumentando que su
industrialización va a beneficiar a los agricultores, además, pretende eliminar
los controles sobre el narcotráfico expulsando la Administración para el Control de
Drogas (DEA) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid), agravado por la disminución 47% de los fondos para que las FF AA y PNP
luchen contra terroristas y narcotraficantes.
Actualmente somos, después de Colombia, el segundo
exportador de cocaína del mundo, y si eventualmente prosperara la ley que este
partido comunista de Perú Libre pretende promulgar, fomentaría el narcotráfico
e incrementaría la producción de cocaína, lo cual podría convertirnos en un narcoestado y
responsables de ocasionar una crisis de adicción en diferentes países del mundo, y en
nuestro país, significaría un peligroso aumento de delitos por consumo, lo cual
corroe el tejido social y amenaza la estabilidad nacional.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 2 de octubre de
2021
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