El pasado 24 de junio la Oficina de Política Nacional
de Control de Drogas estadounidense (ONDCP) emitió su informe anual 2020
reportando que el Perú alcanzó el récord histórico de 88,200 hectáreas de
cultivos de coca (16,200 más que en 2019) y 810 toneladas de producción de
cocaína (incremento 161 toneladas), en los últimos años no se priorizó la lucha
antidrogas, la sustitución ni erradicación de cultivos ilegales, principalmente
en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantero (Vraem) donde nueve distritos
concentran 90% de éstos y son derivados directamente al narcotráfico.
En
este contexto, en mayo pasado Guillermo Bermejo, congresista electo por Perú Libre
y procesado penalmente por presuntas vinculaciones con terroristas en el Vraem,
presentó al candidato Castillo ante cocaleros del distrito de Pichari, Cusco, donde anticiparon lineamientos sobre tratamiento de cultivos de hoja de coca, aseguraron
que se trata de una agenda nacional en la cual la judicialización de su
producción sea eliminada y despenalizada, no habrá empadronamiento de cocaleros
y se promulgará una ley similar a la de Evo Morales en Bolivia promulgada en
marzo 2017 (define nueva zonificación para producción de hoja de coca ampliando
áreas autorizadas para cultivos ilícitos de 12,000 hasta 22,000 hectáreas).
Además,
este partido comunista pretende expulsar la DEA y anular la relación con EE UU
en la lucha contra el narcotráfico, al igual que Venezuela (agosto 2005) y
Bolivia (noviembre 2008), a pesar que esta organización es vital porque coopera
para combatir el narcotráfico con investigación, capacitación, logística y coordinaciones
internacionales, en nuestro país cuenta con una oficina al igual que en otros
67 países. También, en mayo pasado, fue designado por este gobierno, Rubén
Vargas como presidente de la Empresa Nacional de la Coca (Enaco), fue ministro
del Interior y renunció al cargo presuntamente por haber recomendado el pase al
retiro de 18 generales de la Policía y tras revelarse que era medio hermano del
terrorista Zenón Vargas, lo objetable es que Enaco tiene la función de
comercializar e industrializar hojas de coca en el mercado interno y externo.
Bajo
este panorama, en un gobierno del partido comunista marxista-leninista de Perú
Libre la situación actual podría agravarse hasta niveles inimaginables, si expulsa
la DEA y desmilitariza el Vraem, las mafias del narcotráfico tendrían un
territorio liberado y sin control, sin erradicación se multiplicaría el
incremento de cultivos de coca y producción de cocaína, aumentarían los
narcoterroristas y los cárteles de drogas, así, podríamos ser avasallados por
el poder económico del narcotráfico hasta convertirnos en un Narco Estado.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo
publicado en el diario EXPRESO, fecha 17 de julio de 2021
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