El pasado 11 de febrero la Policía Nacional y el
Ministerio público realizaron un megaoperativo contra ”Los Topos del Frío”, una
organización que extraía oro ilegal en el distrito de Parcoy (zona andina de La
Libertad), deteniéndose a 18 presuntos integrantes y 2 ciudadanos chinos
(financistas), también fueron intervenidas 10 empresas de fachada incautándose
120 kilos de oro en lingotes y 35 contenedores con minerales y oro entremezclado,
todo valorizado en US$ 10 millones que iban a ser enviados a Europa y Asia.
Pero el mayor problema se presenta en la selva,
principalmente en Madre de Dios, donde esta ilegal actividad genera
criminalidad, explotación laboral y sexual, extorsión, sicariato, además, desde
1985 destruyó 1,000 km2 de bosques y usan mercurio para sacar oro del fango, elemento
altamente contaminante que provoca grave daño ecológico afectando ríos, suelos,
medio ambiente y la salud poblacional. En
febrero 2019 se ejecutó la Operación Mercurio en “La Pampa”, donde
operaban 6,000 mineros ilegales, lográndose detener allí esta ilícita
actividad, pero sigue
incrementándose en otras zonas, gran parte de mineros ilegales se trasladó
a Sandía y San Gabán (Puno) y a Camanti-quincemil (Cusco), además aumenta su
producción en los ríos
Inambari y Malinowski y en la Reserva Comunitaria Amarakaeri.
Con una
producción promedio de 150 toneladas anuales somos los principales productores
de oro en Latinoamérica, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem)
alrededor de 20% de lo exportado es de origen ilegal, sin embargo, sería mucho
mayor; al cierre 2018, según
registros del propio Minem se exportaron 127 TM pero según la Sunat fueron
registrados 68.5 TM, es decir, casi
50% de exportaciones no fueron declaradas lo que explica la enorme producción
ilegal.
Bajo este panorama la vertiginosa subida del precio del
oro está convirtiendo su producción ilegal en un delito más lucrativo que la de cocaína, lo cual representa
un gran desafío para el Estado. El gobierno debería enfrentarlo recuperando el enfoque multisectorial,
concluyendo el proceso de formalización minera (iniciado hace 18 años sin
concretarse) e incrementar los operativos en territorios adyacentes a La Pampa
para evitar su rápida expansión, además, los gobiernos regionales y el Minem deben
fortalecer el control y fiscalización de su producción y comercialización, y la
Sunat, fortalecer los controles aduaneros y seguridad en su cadena logística
por vía aérea, marítima, terrestre y fluvial y evitar el ingreso de mercurio de
contrabando al país, principalmente desde Bolivia.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 14 de marzo de 2020
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