La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión)
ejecuta la política nacional de promoción de inversión privada y promueve la
incorporación de ésta en servicios públicos y obras públicas, se encuentra
adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas y su Consejo Directivo está
conformado por 5 ministros presidido por el de Economía, sin embargo, su
gestión demuestra serias deficiencias. Para
el presente año tenía proyectado adjudicar en concesión 16 proyectos del Estado
en bienes e infraestructura por US$ 2,400
millones pero faltan 3 meses para finalizar el año y no se ha logrado adjudicar
ninguno.
Actualmente
por el caso de concesión del gasoducto del sur la Fiscalía ha pedido investigar
a 4 exministros del Consejo Directivo y 2 exfuncionarios de ProInversión (régimen
de Humala y García), entre otros investigados (incluida Nadine Heredia), por
presunto delito de colusión en agravio del Estado, por el otorgamiento de concesión
del proyecto al consorcio Odebrecht y Enagás el 30 junio 2014 (en segundo proceso con inversión de US$
4,000 millones), un año después (setiembre 2015) la Contraloría detectó
irregularidades en el concurso del proyecto.
Otro caso (Código IP-040-2014) sobre la concesión del
proyecto de tratamiento de aguas residuales de la cuenca del Lago Titicaca (recién
después de 5 años en abril 2019) al consorcio
mexicano Fypasa Construcciones (inversión S/. 133.5 millones), pero hasta la fecha no se firma el contrato (aplazado 2 veces y plazo vencido), lo
grave es que dicha empresa mexicana ha incumplido un contrato en su país
entregando una obra incompleta con serias deficiencias que impide su operación,
con estos antecedentes ProInversión le otorgó la buena pro.
También (Código
IP-005-2012) adjudicado en junio 2014 a la empresa Prisontec para instalar
bloqueadores de celulares y WiFi en 33 penales (inversión US$ 4 millones), después
de 5 años la instalación no llega al 50%. Otro (Código IP-0008-2012) para
vigilancia electrónica personal (grilletes electrónicos) fue adjudicada en
enero 2016 a Prisontec, la misma empresa con problemas en la instalación de bloqueadores,
ésta debía tener como requisito la capacidad de rastreo de 8,000 unidades, actualmente
solo 19 condenados en el país llevan estos dispositivos, y hay casos de
condenados con grilletes que han salido del área autorizada para volver a
delinquir.
Bajo este
panorama la Contraloría y el Poder Judicial deberían investigar no solo las
concesiones de estos proyectos, sino además, el incumplimiento de las empresas
con las especificaciones contractuales de operatividad.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 28 de setiembre 2019
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