Artículos de opinión de Alfredo Palacios Dongo

PROINVERSIÒN: CONTROVERTIDA GESTIÓN


La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) ejecuta la política nacional de promoción de inversión privada y promueve la incorporación de ésta en servicios públicos y obras públicas, se encuentra adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas y su Consejo Directivo está conformado por 5 ministros presidido por el de Economía, sin embargo, su gestión demuestra serias deficiencias. Para el presente año tenía proyectado adjudicar en concesión 16 proyectos del Estado en bienes e infraestructura por US$ 2,400 millones pero faltan 3 meses para finalizar el año y no se ha logrado adjudicar ninguno.

Actualmente por el caso de concesión del gasoducto del sur la Fiscalía ha pedido investigar a 4 exministros del Consejo Directivo y 2 exfuncionarios de ProInversión (régimen de Humala y García), entre otros investigados (incluida Nadine Heredia), por presunto delito de colusión en agravio del Estado, por el otorgamiento de concesión del proyecto al consorcio Odebrecht y Enagás el 30 junio 2014  (en segundo proceso con inversión de US$ 4,000 millones), un año después (setiembre 2015) la Contraloría detectó irregularidades en el concurso del proyecto.

Otro caso (Código IP-040-2014) sobre la concesión del proyecto de tratamiento de aguas residuales de la cuenca del Lago Titicaca (recién después de 5 años en abril 2019) al consorcio mexicano Fypasa Construcciones (inversión S/. 133.5 millones), pero hasta la fecha no se firma el contrato (aplazado 2 veces y plazo vencido), lo grave es que dicha empresa mexicana ha incumplido un contrato en su país entregando una obra incompleta con serias deficiencias que impide su operación, con estos antecedentes ProInversión le otorgó la buena pro.

También (Código IP-005-2012) adjudicado en junio 2014 a la empresa Prisontec para instalar bloqueadores de celulares y WiFi en 33 penales (inversión US$ 4 millones), después de 5 años la instalación no llega al 50%. Otro (Código IP-0008-2012) para vigilancia electrónica personal (grilletes electrónicos) fue adjudicada en enero 2016 a Prisontec, la misma empresa con problemas en la instalación de bloqueadores, ésta debía tener como requisito la capacidad de rastreo de 8,000 unidades, actualmente solo 19 condenados en el país llevan estos dispositivos, y hay casos de condenados con grilletes que han salido del área autorizada para volver a delinquir.

Bajo este panorama la Contraloría y el Poder Judicial deberían investigar no solo las concesiones de estos proyectos, sino además, el incumplimiento de las empresas con las especificaciones contractuales de operatividad.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 28 de setiembre 2019


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