Desde la década
de los 40 la explotación forestal en nuestra Amazonía fue incrementándose en
forma exponencial, y a pesar de la abundante normatividad en el tiempo (leyes,
decretos supremos y legislativos, resoluciones supremas y ministeriales) para
tratar de proteger y conservar los bosques, los resultados han sido nefastos.
Han pasado 75
años y todo ha empeorado: 1) En protección y control: irracional deforestación de
10 millones de hectáreas de bosques, anualmente se depredan 110 mil hectáreas
por tala ilegal sin un solo sentenciado; 2) En reforestación: de 10 millones de
hectáreas deforestadas solo hemos reforestado 30 mil (0.3%); 3) En concesiones:
de 1,000 otorgadas (9.5 millones de hectáreas) la mayoría opera ineficiente e
insosteniblemente; 4) En producción maderera: solo exportamos US$ 150 millones
anuales aportando 1% del PBI (Chile con mucho menor potencial forestal exporta
40 veces más, US$ 6,000 millones, aportando 3% del PBI); 5) En productos
maderables: increíblemente somos importadores netos (US$ 1,000 millones anuales).
La nueva Ley Forestal N° 29763 (21 julio 2011)
fue reglamentada 4 años después (29 setiembre 2015) promulgándose 4 reglamentos
para gestión forestal, fauna silvestre, plantaciones forestales y sistemas
agroforestales, y a partir de dicha reglamentación comenzaron las promesas y
proyecciones de los ministros de Producción y Agricultura, entre ellas:
inversiones privadas por US$ 10,000 millones; reforestación de 2 millones de
hectáreas los próximos años; aumento de exportaciones de US$ 150 millones a US$
3,000 al 2017 y US$ 5,500 millones la siguiente década; reducción de
importaciones de productos forestales de US$ 1,000 millones a US$ 500 millones
al 2021; cultivo al 2030 de 2 millones de hectáreas de plantaciones para fines
comerciales; fomento del mercado legal de madera, etc.
Como vemos, solo
se preocupan de inversiones y concesiones pero no del fondo del problema, ni
siquiera tenemos una ley de ordenamiento territorial, ni un sistema de
monitoreo, ni una estrategia nacional de conservación. Prioritariamente debemos
mejorar la gestión forestal en mantenimiento, control, protección y valor de ecosistemas
a través de transparencia y anticorrupción del sector, mejor uso de recursos, sostenimiento
ecológico, producción competitiva en transformación de productos, formalización
de la economía forestal y competitividad económica, inclusión social y equidad
en torno a los bosques, entre otros, para aprovechar de manera formal y
eficiente nuestro potencial forestal y que éste brinde sus beneficios (bienes y
servicios) de manera sostenible.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 14 de noviembre de 2015
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