La
última encuesta de Ipsos Apoyo publicada el pasado día 20 demuestra (como la
mayoría de encuestas) una casi total desconfianza de la ciudadanía en las
principales instituciones relacionadas a la estructura del Estado: al Congreso lo
desaprueban (84%), partidos políticos (82%), Poder Judicial (79%), y al mismo Gobierno,
87% desaprueban al presidente Humala.
La
altísima desconfianza al Congreso tiene que ver con el cuestionamiento,
investigación o denuncia de numerosos congresistas y su impunidad por blindaje
(desde 2011 hubieron 293 denuncias con solo 13 amonestados o suspendidos),
derroches presupuestarios en sueldos y obsequios, uso de pasajes para viajes
proselitistas, contratación de asesores sin requisitos profesionales, recorte
de sueldos a trabajadores para beneficio personal y una insostenible
fragmentación y falta de capacidad para equilibrar o contrapesar las acciones
del Gobierno.
El
Poder Judicial, por falta de transparencia, honradez y dependencia política del
sistema judicial, percibido como una institución endeble de baja calidad, predominando
en muchos casos falta de eficacia y transparencia, jueces parciales que no
respetan los procesos con demoras injustificadas o sospechosas o sujetos a
inconductas o prácticas corruptas con cobros de coimas, y el máximo abuso,
presos sin condena (de 74,000 presos a nivel nacional, la mitad, 37,000, no
tienen sentencia).
Los
partidos políticos, por su grave crisis de representatividad, débil
identificación con la ciudadanía y alejamiento del interés mayoritario, con
vida solo en épocas electorales invernando fuera de éstas, serias deficiencias
de institucionalidad y transparencia, mal manejo de la democracia interna y
rechazo a la fiscalización, predominio del caudillismo y carente formación y
renovación de cuadros, inexistencia de lazos con sus bases partidarias y ausencia
de propuestas.
Por
último, el Gobierno, con un presidente que persiste en la confrontación, demostrando
improvisación y falta de liderazgo, sin ideario programático ni visión de
futuro que nos está dejando profundos problemas de desigualdad y exclusión, serios
conflictos sociales, una delincuencia desbordada, creciente narcotráfico,
elevada corrupción y una economía en peligrosa desaceleración.
En
tal sentido, esta grave precariedad institucional no garantiza una gestión
eficaz del Estado y no nos permite crecer y desarrollarnos en forma sostenida. Atravesar
el umbral del desarrollo requiere mantener el flujo de inversiones, mejorar la
calidad del capital humano y elevar la productividad, lo cual depende de la transparencia,
responsabilidad, aptitud e idoneidad de las instituciones para hacer más
eficiente la acción del Estado.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 26 de setiembre
2015
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