Nuestro
coeficiente de electrificación rural (CER) no llega actualmente al 70%, muy por
debajo de países vecinos como Chile (96%), Ecuador (96%) y Colombia (90%). Aunque
en los últimos 20 años hemos mejorado dicho coeficiente (de 20% a 69%), no ha
sido suficiente para concertar la igualdad de derechos al acceso a electricidad
en las zonas rurales y de frontera, respecto a las enormes brechas con las zonas
urbanas del país.
Según
el Banco Mundial, la falta de acceso a electricidad en el Perú, combinada con
la escasez de otros servicios de infraestructura, limita el desarrollo
económico y obstaculiza las mejoras en los estándares y calidad de vida.
En las
zonas rurales la falta o limitación de electricidad tiene un impacto negativo en
la facilitación de servicios de agua potable y telecomunicaciones, en la salud,
educación, seguridad, y actividades económicas y productivas de las
comunidades.
Las
proyecciones del Plan Nacional de Electrificación Rural 2014-2023 (PNER) se encuentran desfasadas con la realidad
porque faltando menos de 2 meses para concluir el año señalan para 2014 un CER
de 78% (el actual no llega a 70%), además, la Dirección General de Electrificación
Rural (DGER) –que planifica, elabora estudios, ejecuta y transfiere– de su
presupuesto asignado 2014 (S/. 350 millones), solo ha ejecutado 56% (S/. 196
millones).
Dicho
plan nacional proyecta utópicamente alcanzar para el 2016 un CER de 92% y para
2023 (98%) lo cual es imposible con el reducido presupuesto (S/. 4,500 millones
en 10 años) para proyectos en zonas rurales –con localidades dispersas, de
difícil acceso, insuficiente infraestructura vial y de comunicaciones y
condiciones climáticas adversas– que incluyen programas de expansión,
sostenibilidad de infraestructura existente, y grandes inversiones en líneas de
transmisión, sistemas eléctricos, equipamiento, módulos fotovoltaicos, centrales
eólicas e hidroeléctricas y uso de nuevas tecnologías.
Bajo
este panorama, la Ley General de Electrificación Rural (ley 28749 mayo 2006)
declara la electrificación rural de necesidad nacional y utilidad pública para
contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible, combatir la pobreza y
desincentivar la migración del campo a la ciudad.
Los
altos niveles de pobreza en nuestras áreas rurales y la gran brecha en calidad de vida con el desarrollo de las áreas
urbanas, deben obligar al Estado a incrementar sustancialmente la inversión en
infraestructura rural básica y electricidad, como acción imprescindible en la
agenda de desarrollo nacional.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 15 de noviembre
de 2014
Artículos Publicados 
