Artículos de opinión de Alfredo Palacios Dongo

REZAGADOS EN ELECTRIFICACIÓN RURAL

Nuestro coeficiente de electrificación rural (CER) no llega actualmente al 70%, muy por debajo de países vecinos como Chile (96%), Ecuador (96%) y Colombia (90%). Aunque en los últimos 20 años hemos mejorado dicho coeficiente (de 20% a 69%), no ha sido suficiente para concertar la igualdad de derechos al acceso a electricidad en las zonas rurales y de frontera, respecto a las enormes brechas con las zonas urbanas del país.
Según el Banco Mundial, la falta de acceso a electricidad en el Perú, combinada con la escasez de otros servicios de infraestructura, limita el desarrollo económico y obstaculiza las mejoras en los estándares y calidad de vida. 

En las zonas rurales la falta o limitación de electricidad tiene un impacto negativo en la facilitación de servicios de agua potable y telecomunicaciones, en la salud, educación, seguridad, y actividades económicas y productivas de las comunidades.

Las proyecciones del Plan Nacional de Electrificación Rural 2014-2023 (PNER)  se encuentran desfasadas con la realidad porque faltando menos de 2 meses para concluir el año señalan para 2014 un CER de 78% (el actual no llega a 70%), además, la Dirección General de Electrificación Rural (DGER) –que planifica, elabora estudios, ejecuta y transfiere– de su presupuesto asignado 2014 (S/. 350 millones), solo ha ejecutado 56% (S/. 196 millones).

Dicho plan nacional proyecta utópicamente alcanzar para el 2016 un CER de 92% y para 2023 (98%) lo cual es imposible con el reducido presupuesto (S/. 4,500 millones en 10 años) para proyectos en zonas rurales –con localidades dispersas, de difícil acceso, insuficiente infraestructura vial y de comunicaciones y condiciones climáticas adversas– que incluyen programas de expansión, sostenibilidad de infraestructura existente, y grandes inversiones en líneas de transmisión, sistemas eléctricos, equipamiento, módulos fotovoltaicos, centrales eólicas e hidroeléctricas y uso de nuevas tecnologías.

Bajo este panorama, la Ley General de Electrificación Rural (ley 28749 mayo 2006) declara la electrificación rural de necesidad nacional y utilidad pública para contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible, combatir la pobreza y desincentivar la migración del campo a la ciudad.

Los altos niveles de pobreza en nuestras áreas rurales y la gran brecha en  calidad de vida con el desarrollo de las áreas urbanas, deben obligar al Estado a incrementar sustancialmente la inversión en infraestructura rural básica y electricidad, como acción imprescindible en la agenda de desarrollo nacional.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 15 de noviembre de 2014


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