Artículos de opinión de Alfredo Palacios Dongo

TALA ILEGAL, MUERTE E INDOLENCIA EN LA REGIÓN UCAYALI

Como normalmente sucede en nuestro país, solo se actúa por ocurrencia de alguna grave crisis. El gobierno recién toma conciencia de la situación de abandono de la comunidad nativa asháninca de Alto Tamaya-Saweto, distrito de Masisea, provincia de Coronel portillo, Ucayali (cerca de la frontera con Brasil) y de la gravedad de tala ilegal, después que el pasado día 1 cuatro de sus dirigentes fueran salvajemente asesinados y descuartizados por la cabecera del río Tamaya, entre ellos, el líder indígena, Edwin Chota, quien desde 2003 luchó contra la tala ilegal y deforestación (recién el día 8 se informó del hecho y aún continúa la búsqueda de restos).  

Ni el gobierno central ni el regional de Ucayali hicieron nada pese a continuas denuncias públicas con documentos oficiales de dirigentes de dicha comunidad sobre reiteradas amenazas de muerte por traficantes de madera y usurpadores de tierras. Inclusive sus representantes viajaron a Lima (1 al 6 de junio pasado) para clamar al Congreso, Ministerio Público, Policía y otras instancias apoyo de seguridad y para combatir esas poderosas mafias, pero nunca recibieron respuesta.
  
Solo después que importantes medios de comunicación y organizaciones internacionales, nacionales e interétnicas indígenas pidieran una exhaustiva investigación y justicia, viajaron a la zona la premier Ana Jara, los ministros de Educación, Vivienda e Interior, el fiscal de la Nación y la viceministra de Cultura con abundantes promesas: nombramiento de un alto comisionado, creación de una comisión multisectorial, instalación de fiscalía especializada, titulación inmediata de sus tierras (postergada por décadas), el ministro del Interior, Daniel Urresti, no se quedó atrás, prometió una base policial equipada, puestos de control y hasta cuatro helicópteros para patrullar la zona.

Como siempre, promesas y acciones extemporáneas que debieron realizarse años atrás para evitar crímenes y la deforestación en Ucayali (30,000 hectáreas anuales) principalmente en tierras ashánincas. Según el gerente Regional de Recursos Naturales de Ucayali, Franz Tang, las cuencas del Abujao, el Tamaya y alrededores del lago Imiría (área de conservación indígena) están infestadas de mafias organizadas, no solo traficantes de madera, también de narcotraficantes y lavadores de oro.

Bajo este panorama queda demostrada la indolencia, pasividad y responsabilidad del gobierno central y regional por no existir presencia del Estado en esa zona fronteriza, por no combatir la tala ilegal y no brindar seguridad ni mejorar las condiciones de vida de las comunidades nativas.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 27 de setiembre de 2014


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