El
pasado día 6 fueron declaradas en “emergencia sanitaria” –por 180 días– las
localidades de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañon debido a que sus aguas superan los límites
permitidos de contaminación para el consumo humano de los pobladores indígenas Achuar, Quichua y Urarina,
afectando sus tierras de cultivo, matando peces en los ríos y ahuyentando
animales del lugar, y
según la misma Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) “representa un
riesgo elevado para la salud y la vida”.
En setiembre 2012 el Ministerio de Salud, a través de la Dirección
Ambiental (Digesa), determinó que el 66.21% de niños supera altamente el límite
establecido de plomo en la sangre con riesgos de afectar el sistema nervioso y
daños al cerebro, y el 99.2% de adultos, además de plomo, también registra
cadmio, con riesgos de cáncer pulmonar, enfermedades del corazón y riñón.
Para el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal “es consecuencia de
la contaminación generada por el aprovechamiento productivo sin control del
Estado practicado en dichas localidades” pero no ha querido especificar que
ésta se produce desde hace 44 años por la explotación petrolera del lote 1-AB ubicado
en el distrito de Andoas en Marañón-Loreto, el primero en ser explotado en la
Amazonía con una extensión de 479,265 hectáreas (4,793 Km2).
Inicialmente desde 1970 hasta el 2000 fue concesionado a la Occidental
Petroleum Corporation (Oxy), empresa que realizó prácticas contaminantes
destructivas, traspasando dicha concesión el 2001 a la empresa argentina
Pluspetrol Norte que ha continuado contaminando, lo cual ha sido corroborado por
grupos congresales, evaluaciones, informes y monitoreos.
Según información oficial de los programas de monitoreo ambiental
indígena de FECONACO, en los lotes 1AB y 8 se han identificado 119 derrames de
petróleo en los últimos 5 años, pero Increíblemente Pluspetrol no ha
implementado el sistema de reparación y mantenimiento de ductos, a lo cual se
comprometió el 2001 al adquirir la concesión.
Recordemos que el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, el 17 de
junio de 2012 aseguró un plan integral de salud para las 4 cuencas, y con el
gobierno regional de Loreto firmó 23 compromisos que iban desde el financiamiento
de una evaluación ambiental internacional del territorio afectado, hasta un
estudio toxicológico y epidemiológico para la población, lo cual no se ha
cumplido y debería realizarse prioritariamente durante esta emergencia
sanitaria.
Y ahora,
además de la “emergencia sanitaria” declarada el pasado día 6 en las cuencas amazónicas, pocos días después (el pasado día 17), por la contaminación petrolera, el gobierno se ha visto obligado a declarar en “emergencia
ambiental” la cuenca del Marañón, por existir un riesgo significativo para la
vida, la salud de la población y el ambiente, a un área que involucra a 17
comunidades indígenas, 7 de las cuales son parte de la Reserva Nacional Pacaya
Samiria y su zona de amortiguamiento.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha
24 de mayo de 2014
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