Artículos de opinión de Alfredo Palacios Dongo

POLÍTICA, ÉTICA Y BIEN COMÚN

La naturaleza del Estado o de la sociedad política es la búsqueda del bien común, que remite a un principio cohesionador y vinculador de un grupo humano de orden social, el cual propicia la plena realización de la persona humana, crea las mejores condiciones de vida y asegura el respeto de su dignidad, desarrollo y realización, es decir, la auténtica misión y tarea del Estado debe ser la de crear las condiciones para satisfacer las necesidades primarias de sus ciudadanos, propender a su fortalecimiento, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar su derecho a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

La política, por lo tanto, es la ciencia social y práctica cuyo objetivo es la búsqueda del bien común de los integrantes de una comunidad social, siendo ésta tarea del poder político y razón de ser del principio ético político. Dicha búsqueda se emprende con valores y principios éticos que son los que movilizan la acción humana, de los que la justicia y rectitud moral, la justa distribución de riquezas, la educación, las leyes, la paz social, son los principales instrumentos de un gobierno para  lograr el bien común.

Bajo este panorama, los últimos gobiernos y el actual, desde el ejercicio del poder,  han tomado un camino muy divergente a la construcción del bien común y al fortalecimiento de la ética política. Gran parte de nuestras instituciones públicas demuestran ausencia de principios y valores éticos y transparencia, que alientan el incremento de vicios o actitudes antiéticas tales como corrupción, abuso de autoridad, tráfico de influencias, intereses personales y partidistas, falta de justicia, promesas incumplidas, enriquecimiento ilícito, mal uso de los recursos y bienes públicos, entre otros, que se contraponen profundamente a la resolución de conflictos y a la satisfacción de la pluralidad de intereses comunes, y además, frivolizan la función pública, disminuyen la calidad de la política, y no permiten alcanzar el bien común, lo cual está conduciendo a la población a un punto muy elevado de insatisfacción.

No es casual entonces que nuestra actual Constitución de 1993 no contenga mención alguna sobre el bien común, término que fue anulado del preámbulo de la Constitución de 1979 que, entre otros ideales constitucionales, definía que “el ordenamiento social se cimienta en el bien común y la solidaridad humana”.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 19 de abril de 2014



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