El
pasado día 21 la procuradora antidrogas, Sonia Medina, manifestó que “el lavado
de activos es uno de los delitos de mayor proporción que involucran un país y
su economía. Son economías eminentemente sucias con patrimonios sucios que se
van mezclando dentro de lo lícito que aún pueda tener un país”, añadiendo que
según Naciones Unidas, en el Perú se lavan activos entre US$ 6,500 a 7,000
millones anuales (más del 15% de todas nuestras exportaciones 2012). Anteriormente,
en mayo pasado, también advirtió sobre estas exorbitantes cifras y sobre el
riesgo a la gobernabilidad del país por su infiltración en instituciones del
Estado.
Pero
lo más grave es la frustración de la procuradora por haberse caído muchos
procesos emblemáticos como el tráfico de insumos químicos de los Sánchez
Paredes que duró 6 años y terminó archivado. Tenemos también el caso de
“Artemio” que a pesar de las evidencias no ha sido acusado por lavado de
activos, porque según el Fiscal Marco Guzmán “se trata de un delito complejo
que requiere una serie de pruebas”. En junio 2012 fue archivada la investigación
a cambistas de divisas a nivel internacional por no encontrarse en delito precedente
el origen del dinero supuestamente ilícito.
El
lavado de activos es una actividad delictiva que mueve en el Perú ingente
cantidad de dinero de procedencia ilícita, del tráfico de drogas, minería ilegal,
contrabando, piratería, trata de personas, entre otros, que es blanqueado en
compras de inmuebles, lujosos vehículos, transferencias de bienes y dinero
ilegales, remesas al exterior, creación de empresas de fachada para simular
operaciones financieras, cambio de divisas, y “pitufeo” (ejército de testaferros
con pequeños depósitos e inversiones en pequeñas y medianas empresas), etc.
Bajo
este panorama en julio pasado la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito (ONUDD) alertó al Perú por las altas cifras que maneja el crimen
organizado, especialmente del narcotráfico y lavado de activos. Muy poco avance
tenemos en esta lucha y son mínimas las sentencias ejecutadas. En julio 2011 se
aprobó el “Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo” que incluye 85 objetivos, desconociéndose su cumplimiento por
más de 20 entidades del Estado involucradas, incluido el Congreso, lo cual debería
ser de conocimiento público.
Ni
siquiera conocemos realmente la magnitud de esta grave problemática que
requiere de mayores controles de actividades ilícitas bancarias, tributarias, y
en las fronteras, así como de bases de datos, peritos especializados, y enormes
esfuerzos de coordinación interinstitucional en prevención, investigación, seguimiento,
detección y represión penal.
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