Artículos de opinión de Alfredo Palacios Dongo

NEFASTO ESPIONAJE CHILENO

Un nefasto espionaje chileno con la captación de un desleal y pérfido traidor a la patria, el suboficial Víctor Ariza de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), ha violado nuestra soberanía obteniendo información clasificada, como el plan estratégico hasta el 2021 de la FAP y proyectos de modernización y reparación, afectando gravemente nuestra seguridad nacional.

Existen pruebas contundentes que el gobierno peruano ha entregado al gobierno chileno: nombre e identikits de los agentes chilenos, pagos de US$ 178,000, comunicaciones con claves encriptadas, movimiento migratorio de Ariza, etc., pero a pesar de la evidencia el gobierno chileno mantiene la inexplicable posición que “no hacen espionaje”, que “no han hecho nada incorrecto” o que “sus instituciones han actuado adecuadamente”.

Existe otro antecedente similar en 1978; el suboficial FAP Julio Vargas Garayar fue captado por agentes chilenos para fotografiar la Base Aérea de La Joya, siendo fusilado por traición a la patria el 20 de enero de 1979. Asimismo, el embajador chileno Francisco Bulnes, –expulsado y declarado persona no grata– ordenó fotografiar nuestros aviones Sukoi a dos oficiales chilenos embarcados en el petrolero “Beagle”, acoderado en Talara. Además en noviembre de 2003 agentes chilenos espiaron al Consulado argentino en Punta Arenas, pero al ser sorprendidos violando una caja fuerte, forzaron al gobierno a explicar que “actuaron independientemente sin instrucciones superiores”.

En este panorama, el traidor Ariza por su execrable acción debe recibir el máximo peso de la ley y ser públicamente degradado.

Asimismo, el espionaje chileno obliga al gobierno a reforzar y perfeccionar nuestros sistemas de inteligencia y contrainteligencia, así como mejorar la articulación sistemática entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y los organismos de inteligencia de las FF AA y PNP.

Del mismo modo, obliga al gobierno a analizar la debilitada operatividad de nuestras FF AA, que por la antigüedad y obsolescencia de la mayoría de sus unidades –que sobrepasan 30 años de servicio– se encuentran en el límite de su vida útil disponible e inexorablemente en el mediano plazo serán dadas de baja, con las graves consecuencias que se podrían presentar en nuestra Defensa y Seguridad Nacional si no se planifica oportunamente su repotenciación para –sin discurrir en una carrera armamentista– mantener una capacidad disuasiva que nos permita defender adecuadamente cualquier hipótesis de conflicto interno o externo.

Publicado en el diario EXPRESO, fecha 21 de noviembre de 2009

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