
Altos puntajes señalan elevada estabilidad política, instituciones sólidas y eficientes mecanismos de solución de conflictos; por el contrario, bajos puntajes muestran instituciones débiles, aumento de corrupción y saqueo de recursos públicos que potencian la inseguridad e impunidad.
Últimas encuestas del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica indican que en nuestro país las acciones que adoptan los poderes del Estado para combatirla no son eficientes. El 85% piensa así del Gobierno, 88% del Poder Judicial y 91% del Poder Legislativo. Asimismo, la mayoría (55%) considera que la corrupción es el principal problema para nuestro desarrollo.
Estos resultados demuestran que este grave flagelo es percibido como una de las peores enfermedades que aqueja a nuestra Nación, y debe ser frontalmente combatido ya que afecta la vigencia del Estado de Derecho, la democracia y el desarrollo económico y social. Para tener una idea de su magnitud, desde el 2002 se encuentran denunciados por delitos de corrupción 11,876 funcionarios públicos, y solo 1,033 han sido sentenciados.
Aunque somos el único país en América Latina que tiene un Plan Nacional Anticorrupción; además ha sido nombrada una Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y está implementándose un nuevo Código Procesal Penal para agilizar los juicios, sin embargo la corrupción aumenta.
La única salida es la del ejemplo. No será posible ganar esta lucha si no existe un muy alto compromiso ético y transparente con el país, del gobierno, de los poderes del Estado, de los políticos y personajes públicos, para que se distingan por su austeridad y honradez; para que ningún acto de corrupción quede impune, y para impedir mercados electorales o de tráfico de influencias, lobbies, informaciones privilegiadas o sobornos en los contratos públicos de servicios, obras o concesiones.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 28 de noviembre de 2009