OLEODUCTO NORPERUANO: PARALIZACIONES Y DERRAMES EXTREMOS

Apenas iniciado el año 2019, el 1° de enero ocurrió otro derrame en el tramo II del Oleoducto Norperuano (ONP) en Santa Rosa, distrito Manseriche, Loreto (km 323), y aunque Petroperú no ha explicado las causas ni la cantidad de petróleo derramada, debe ser considerable porque el gobierno declaró la zona en Estado de Emergencia por “Muy Alto Riesgo” de peligro inminente para la salud (DS-014-2019-PCM-febrero 7). Un mes antes (27 noviembre 2018), en Morona (Km 193, Comunidad de Mayuriaga), se produjo un presumible atentado derramándose 8,000 barriles a la zona y al río Mayuriaga (afluente del Marañón), declarándose también Estado de Emergencia (DS-032-2019-PCM-febrero 20), en este caso, los comuneros impidieron ingresar al personal de Petroperú hasta recién hace 3 días iniciándose la reparación, esta situación ocasionó la paralización del ONP por 96 días (hasta hoy sábado) afectando las operaciones del Lote-192 (el más grande del país), del Lote-8 (Pluspetrol) y Lote-67 (Perenco), Petroperú inclusive propuso que la empresa ecuatoriana Oleoductos de Crudos Pesados (OCP) traslade el petróleo.

El ONP construido hace 45 años (1,106 km de tuberías) para transportar petróleo desde Loreto hasta la Refinería de Talara (Bayóvar, Piura), tiene un gran historial de derrames y paralizaciones. Entre 2016 y 2017 sufrió más de 20 derrames afectando con miles de barriles una amplia zona Amazónica, y además, distintos tramos estuvieron inoperativos más de un año, aunque Petroperú atribuye la mayoría de derrames a sabotajes, nunca se hallaron culpables, para  la OEFA la mayoría se debieron por falta de mantenimiento preventivo (expediente 1306-2014). Una comisión investigadora del Congreso (noviembre 2017) presidida por el actual Premier César Villanueva, estableció que durante el período 2007-2016 fueron derramados en la Amazonía 25,000 barriles de petróleo dejando una gran carga social.

Bajo este panorama, a pesar que el DL-1292 (29 diciembre 2016) declara de necesidad pública e interés nacional la operación segura del ONP, poco o nada se ha avanzado, ni en trabajos integrales ni en remediación de los graves impactos ambientales causados. Aunque Petroperú manifestó recientemente que el oleoducto va a ser modernizado concluyendo el 2021, esta infraestructura requiere una inspección general en toda su extensión para detectar los puntos críticos de los ductos y los tramos a cambiar para luego ejecutarse un recorrido integral, cuya falta, conjuntamente a la falta de mantenimiento, de medidas de seguridad y de elementos tecnológicos modernos son factores determinantes para las roturas y derrames de petróleo.


Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 2 de marzo de 2019

ACUERDO DE SARAMURILLO Y OLEODUCTO NORPERUANO


Continúan las huelgas de organizaciones indígenas de las cinco cuencas  amazónicas con bloqueos de embarcaciones en los ríos Marañón, Ucayali y Corrientes en Loreto exigiendo al gobierno que cumpla los compromisos  del acta de Saramurillo (15 de diciembre 2016). El martes 13 viajaron a Lima dirigentes de organizaciones indígenas y la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM convocó para los días 19 y 20 una reunión de trabajo en Nauta (provincia de las cinco cuencas) donde la Premier Araoz ratificará los acuerdos.

En el acta de Saramurillo (avance de acuerdos de debates) el Ministerio de Energía y Minas se comprometió a promover que el Gobierno adopte acciones urgentes para contratar una empresa independiente que realice un “estudio internacional” para determinar el real estado del Oleoducto Norperuano (ONP) y ductos de los lotes petroleros 192 y 8, y accionar medidas para garantizar la seguridad integral de las cuencas; en dicho proceso actuaría como garante la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en selección, contratación, ejecución y presentación pública de resultados. Ha pasado más de un año y este proceso ni siquiera se ha iniciado.
 
La operatividad del ONP es totalmente incierta, después de 42 años de operación paralizó sus operaciones en febrero 2016 debido a su historial de derrames (más de 60), Petroperú asegura que gran porcentaje fueron ocasionados por terceros, pero contradicen a la empresa el enorme historial de investigaciones, denuncias, multas y el dictamen (diciembre 2017) de la comisión investigadora del Congreso por derrames en período 2008-2016 que no encontró responsabilidad de las comunidades nativas. En noviembre pasado ocurrió un nuevo derrame (Ramal Norte) y en enero el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) sancionó a Petroperú con S/ 49 millones por dos derrames en 2016 (Tramo I) e incumplimiento de acciones de mantenimiento.
 
Bajo este panorama, el presidente de Petroperú, García Rossell, ha anunciado un proyecto para ampliar 1,000 km adicionales al ONP, sin embargo, antes de esta extraña intención Petroperú debería realizar el “estudio internacional” previsto en el Acuerdo de Saramurillo para determinar la real situación de los 1,106 km de tuberías originales. Según el procedimiento administrativo sancionador del OEFA del 21 setiembre 2015 (Expediente 1306) no se cumplió con el mantenimiento programado al ONP desde 1999 lo cual es un factor determinante para la generación de roturas y derrames y la desconfianza en su condición operativa.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 17 febrero de 2018

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