Roberto Burneo Bermejo ha incumplido
primeramente su compromiso reafirmado en octubre 2024 cuando fue elegido
presidente del JNE, aseguró: “Servir a nuestros ciudadanos, a la
democracia y al Estado de derecho, para que la voluntad popular sea respetada
en las próximas elecciones y todos los procesos electorales, garantizando un
sistema electoral transparente, eficiente y moderno”, dicho compromiso ha
resultado absolutamente contrario a lo acontecido en la elección. También ha
incumplido su principal función al no garantizar la legalidad, transparencia y
equidad del proceso, el respeto de la voluntad ciudadana, ni fortaleció la
institucionalidad democrática.
Pero lo más grave y peligroso, con consecuencias penales
para Burneo y su Pleno de 4 vocales, es que han incumplido varios mandatos
constitucionales: (artículo 31°) al no permitir que cientos de
miles de ciudadanos tengan el derecho de elegir libremente a sus
representantes, resaltando que “es nulo y punible todo acto que prohíba o
limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos”; (artículo 176°)
por no asegurar que la votación traduzca la expresión auténtica, libre y
espontánea y que el escrutinio sea reflejo exacto y oportuno de la voluntad del
elector; (artículo 178°) por no fiscalizar la legalidad del
ejercicio del sufragio y la realización del proceso electoral y no administrar
justicia en materia electoral. Por lo tanto (artículo 38°) todos
los peruanos estamos obligados a honrar a nuestro país, proteger los intereses
nacionales y respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento
jurídico de la Nación.
Son muy graves los
actos punibles y reprobables ocurridos durante el proceso electoral con
acciones claramente direccionadas en Lima, para limitar que cientos de miles de
ciudadanos ejerzan su voto como derecho fundamental democrático, además
de otras críticas irregularidades: cédulas de sufragio abandonadas
en la vía pública o trasladadas en taxis; continuar usando en Lima,
con fallas, el sistema STAE (Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio); comportamientos
atípicos de votación en actas de serie 900 de poblados lejanos y casos
inusuales de votaciones transversales; presuntos actos corruptos
(la fiscalía ordenó peritaje informático a equipos y teléfonos institucionales
y personales). Además, se han presentado más de 50
pedidos de nulidad contra las elecciones y según última encuesta
CIT, en Lima Metropolitana, 72.1% de ciudadanos considera que hubo
fraude electoral.
El JNE y su Pleno, el
pasado día 28 decidió recién publicar el Acuerdo de fecha 23, con 14 páginas,
declarando inviable la convocatoria a elecciones complementarias, con
explicaciones jurídicas legales a su medida, pero además, con razones
incoherentes como que “el proceso electoral ya está en marcha y no se puede
parar”, o “por principio de preclusión cada etapa se cierra de manera
definitiva y no puede ser reabierta porque alteraría el cronograma electoral”,
o porque “generaría un grave escenario de incertidumbre política”.
Bajo este panorama, el
JNE debe reflexionar y recular su equivocada decisión. Antes de proclamar los
resultados debería reconsiderar elecciones complementarias en Lima, o permitir
una auditoría electoral por una entidad internacional o nacional de prestigio,
que podría realizarse en corto plazo, para garantizar la transparencia del
proceso, verificándose el padrón electoral para determinar si existieron
acciones y mecanismos ilícitos que buscaron alterar los resultados de las actas
para consolidar un fraude. Caso contrario Burneo y su Pleno serán directos
responsables de generar una grave crisis de legitimidad del proceso electoral
con nefastas consecuencias para nuestro país.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 2 de mayo de 2026
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