MINISTRO DE DESARROLLO AGRARIO DESFASADO DE NUESTRA REALIDAD ALIMENTARIA

El último informe de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición, reveló que en el Perú existen 17.6 millones (51% de la población) en situación de inseguridad alimentaria. Este informe, fue contestado, el pasado día 7, por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, de manera desfasada y con cuestionables argumentos, asegurando que en el Perú “no se pasa hambre y hasta en el último pueblo del Perú se come de manera contundente”. Increíblemente, dos días después, entre el 9 y el 12, viajó a Francia para asistir a los Juegos Olímpicos, dejando al país indignado por sus declaraciones.  

 

También, el ministro Manero consideró de “tremendistas” las noticias de medios de comunicación que publicaron sobre el informe FAO y la situación de “hambre”, aduciendo que el documento establece categorías de inseguridad alimentaria moderada y grave, al respecto, señor ministro, la FAO define la inseguridad alimentaria como aquella sensación física, incómoda o dolorosa causada por un consumo insuficiente de energía alimentaria de baja calidad y no saludable, la cual también denomina subalimentación, déficit calorífico o déficit alimentario; en el caso de hambre moderado, las personas reducen gran parte de calidad y cantidad de sus alimentos, principalmente proteínas y nutrientes, y en el caso de hambre severo, comen mínimamente comidas incompletas al día, pero en ambos casos padecen hambre por inseguridad alimentaria, porque la malnutrición reduce la inmunidad y aumenta la vulnerabilidad a enfermedades infecciosas alterando el desarrollo físico y mental, acortándoles la esperanza de vida, y en los niños, la población más vulnerable, les ocasiona desnutrición y mortalidad infantil. Según la representante FAO en Perú, Mariana Escobar, de los 17.6 millones de peruanos que pasan inseguridad alimentaria, 6 millones sufren de hambre severo.   

 

El ministro Manero, debería repasar, además del informe FAO, otros informes (INEI 2023 y 2024, Oxfam, IPP) que corroboran que alrededor del 50% de peruanos se alimentan mal y consumen menos calorías de las necesarias, y otras informaciones, como Plataforma por la Seguridad Alimentaria-Perú, que advierte el incremento de inseguridad alimentaria a 51.7%, además, que 33.6% no acceden a dieta saludable, y 2 millones no pueden siquiera adquirir una canasta básica individual mensual de S/ 251 (diario S/ 8.36).

 

Bajo este panorama, el ministro Manero, antes de cuestionar informes serios de organismos internacionales y nacionales sobre nuestra grave situación alimentaria, debería trabajar sobre la base de la Política Nacional Agraria al 2030, incrementando el nivel de desarrollo competitivo agrario a través de la cadena de valor de los productores agrarios, reduciendo el nivel de subsistencia en la agricultura familiar y mejorando el manejo de los recursos naturales para una producción agraria sostenible.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 17 de agosto de 2024

 

  

CRISIS E INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y POBREZA EN NUESTRO PAÍS

 

La inseguridad alimentaria significa insuficiencia de alimentos por falta de acceso físico y/o económico para que las personas accedan a una alimentación suficiente, segura y nutritiva, que permita satisfacer sus necesidades alimenticias para llevar una vida activa y sana. En nuestro país, actualmente, enfrentamos una grave crisis alimentaria principalmente porque gran porcentaje de familias tienen bajos recursos económicos para adquirir principalmente alimentos de primera necesidad.

 

La canasta básica familiar que mide ingresos y nivel de vida de las familias, durante los últimos 3 años, se ha incrementado en 16%, peor aún, los costos de alimentos y energía subieron 25.6% por la alta inflación en 2022 (8.56%, la tasa más alta en 26 años) originando que los precios para cubrir mensualmente gastos esenciales para una persona aumentaron de S/ 378 a S/ 414; para que no se le considere pobre a una familia de 4 personas, debe tener una capacidad de gasto mensual de S/ 1,656, siendo S/ 1,500 el ingreso promedio a nivel nacional, así, obviamente los niveles de pobreza siguen incrementándose de 20.2% en 2019 a 25.9% en 2021, y por impacto de inflación y altos costos, a 27.5% en 2022, Macroconsult proyecta que al cierre 2023, la pobreza llegaría a 28.4% (o hasta 29.5% con políticas públicas mal focalizadas), además, advierte que debido a la desaceleración económica nos tomaría 13 años regresar a niveles de pobreza de 20% que registramos en 2019.

 

La representante de la FAO en el Perú, Mariana Escobar, ha manifestado que en Sudamérica, Perú es el país con mayor índice de inseguridad alimentaria, en el 2022, por falta de recursos para adquirir alimentos para consumir una dieta adecuada, 16.6 millones de peruanos (50%) sufrieron esta situación, que además puede complicarse si El Niño Global afecta el acceso físico a alimentos para su disponibilidad en el mercado. La última Encuesta de Hogares (Enaho) registra que el porcentaje de hogares que disminuyó sus ingresos (por pérdida de empleo, enfermedad u otros casos) aumentó de 19% en 2019 a 27% en 2022, viéndose obligadas a consumir menos alimentos (según el IPE, durante el primer semestre 2023, unos 2 millones fueron afectados), lo cual determina la gravedad de nuestra crisis de inseguridad alimentaria.

 

Bajo este panorama, mientras el gobierno comunista de Boluarte continúe espantando la inversión privada (que asegura más empleo formal, mejores sueldos y acelera el crecimiento), y, mientras no implemente una adecuada estrategia y plan nacional de seguridad alimentaria y nutricional, la crisis e inseguridad alimentaria y la pobreza seguirán aumentando, generándose mayores casos de desnutrición crónica y aguda, y anemia y mortalidad infantil, principalmente, entre la población más vulnerable y en el ámbito rural.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 18 de noviembre de 2023

 

GOBIERNO COMUNISTA AGRAVA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN NUESTRO PAÍS

En agosto pasado la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) nos advirtió: 16.6 millones de personas en Perú padecen de inseguridad alimentaria, es decir, la mitad de nuestra población tiene una ingesta inadecuada de alimentos por falta de acceso de alimentos suficientes y nutritivos para llevar una vida adecuada, lo cual tiene graves efectos para la salud y desarrollo de las personas, especialmente de los niños.

 

El pasado día 17 dicha organización inició en Roma, Italia, el Foro Mundial de Alimentación en el que Castillo intervino de manera virtual donde reconoció que en el Perú hay alrededor de 16 millones de personas que viven en inseguridad alimentaria y admitió que 70% de distritos del país tiene altos niveles de vulnerabilidad e inseguridad alimentaria, además, explicó que su gobierno ha emprendido la “segunda reforma agraria política” que busca alcanzar la seguridad agroalimentaria y desarrollo rural mediante la promoción sostenible de la agricultura familiar, sin embargo, a pesar de ser la bandera principal de este gobierno comunista, esta seudo reforma, anunciada en octubre 2021, ni siquiera se ha iniciado porque no han presentado un proyecto de ley al Congreso para su debate, además, su fundamento no atiende los problemas estructurales del campo porque predomina el proteccionismo y las medidas arancelarias que desincentivan la competencia y ocasionan incremento de precios.

 

Para enfrentar la inseguridad alimentaria, este gobierno comunista no tiene ningún plan estructurado ni respuestas coherentes, prueba de ello es que han pasado por el Ministerio de Agricultura 6 ministros y hasta la fecha, con 4 licitaciones, no llega urea a los agricultores, afectando seriamente la campaña agrícola 2022-2023. Y esta situación se agravará en 2023 debido a que este gobierno ni siquiera cuenta con una Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional porque la Ley 31315 del 24 julio 2021 no está reglamentada, tampoco cuenta con Estrategia ni Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional vigente, solo siguen repartiendo bonos a diestra y siniestra como paliativos, por lo cual, obviamente, la situación de inseguridad alimentaria no mejorará, sino que empeorará.

 

Bajo este panorama, el actual gobierno comunista marxista leninista maoísta está ocasionando más pobreza, miseria, hambre, desnutrición crónica, anemia y riesgos de mortalidad infantil porque sigue espantando la inversión privada, y, por lo tanto, no hay empleo, crece la informalidad, baja el dinero circulante en el mercado, se eleva la inflación y aumentan los precios generando una drástica reducción de la capacidad adquisitiva que incide en la vulnerabilidad e inseguridad alimentaria de todos los peruanos, principalmente en los de menores recursos y en zonas rurales.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 29 de octubre de 2022

  

HAMBRE, MALNUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

El pasado día 10 la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) presentó su informe “Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe” el cual considera que la erradicación del hambre y malnutrición (desnutrición, carencia de micronutrientes, sobrepeso y obesidad) se relaciona con patrones alimentarios y tiene implicancias en las estructuras de los sistemas alimentarios. En el caso de nuestro país registra un dato muy preocupante sobre la subalimentación (carencia o privación de alimentos referida al hambre e inseguridad alimentaria) que ha afectado 2.5 millones de peruanos (período 2014-2016).

En desnutrición crónica registra una prevalencia de 10% afectando 500 mil niños peruanos (no olvidemos que en anemia tenemos un problema severo de salud que afecta a 50% de niños escolares). En sobrepeso registra en menores de 5 años una prevalencia de 7.2% y en mayores de 18 años hasta 25.4%; es inconcebible que a más de 4 años de publicada la ley 30021 de promoción de alimentación saludable, su reglamento recién fue aprobado en junio pasado y entrará en vigencia en enero 2018, la mala alimentación y sobrepeso influyen en 13% de probabilidad de mortalidad prematura entre peruanos de 30 a 70 años por enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o respiratorias.

También influye en hambre y malnutrición la relación canasta básica alimentaria (CBA) versus salarios mínimos, el quintil de peruanos más pobre usa 60.3% de sus ingresos para adquirir alimentos; el INEI para medir la pobreza considera S/.328 el costo mensual de la CBA (diario S/.10.90), si una persona gasta más de esta cantidad en alimentos no es pobre y para un pobre extremo la referencia es S/.180 mensuales (diario S/.6), sin considerar gastos de salud, agua, luz, transporte, vestido etc. También es causa adyacente de malnutrición, especialmente en niños, la falta de acceso a agua potable y saneamiento, nuestra cobertura es bajísima (área urbana 88% y 79% respectivamente, rural 62% y 29%).

Otros aspectos importantes son la adaptación de la agricultura familiar al cambio climático y la conservación de la biodiversidad para garantizar al futuro la estabilidad de alimentación saludable, además la seguridad alimentaria es indispensable para satisfacer permanentemente los requerimientos nutricionales de la población, debemos mejorar y avanzar en el acceso de alimentos, prácticas de consumo, estabilidad frente a condiciones externas y mejorar el marco institucional y capacidades de gestión en los tres niveles de gobierno.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 21 de octubre de 2017

PERÚ: INSEGURIDAD ALIMENTARIA

El Gobierno declaró el 2013 “Año de la seguridad alimentaria y del desarrollo rural” y como asunto de interés nacional y necesidad pública, sin embargo, a pesar que en el país existe riesgo alimentario por limitada disponibilidad y acceso a alimentos nutricionalmente adecuados e inocuos, no recibe la atención debida.

Con DS 102-2012 PCM (octubre 2012) se creó la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria para que en 180 días evalúe la vigente Estrategia Nacional 2004-2015 y proponga una nueva Estrategia y un Plan 2012-2021, pero dicho plazo venció largamente y no hay Estrategia ni Plan. Asimismo, la Comisión Agraria del Congreso aprobó el pasado junio el predictamen de Ley del Derecho a la Alimentación, Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutricional, pero no se prioriza su debate congresal.   

Según el mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria 2012 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, unas 4.5 millones de personas, principalmente del sector rural, presentan “Muy Alta” y “Alta” vulnerabilidad a la Inseguridad alimentaria por no cubrir sus requerimientos nutricionales para una vida saludable, a pesar de tratarse de un derecho fundamental. En la práctica, la política de seguridad alimentaria se limita a programas de asistencia alimentaria, algunos de los cuales presentan serias deficiencias y no cumplen sus metas a cabalidad (inexplicablemente acaban de desactivar el Programa Integrado de Nutrición Infantil).

Otro problema de inseguridad alimentaria es que somos netos importadores de soya y cebada (100%), trigo (90%) y maíz amarillo (60%), y según la FAO, debemos mejorar el acceso a los alimentos, sobre todo en las zonas rurales, además de insertar en los sistemas alimentarios del país a la pequeña producción y a la agricultura familiar.

Bajo este panorama, la inseguridad alimentaria nos seguirá persiguiendo debido a: 
1) Falta de soporte institucional y presupuestal; 
2) Deficiente producción sostenible y diversificada de alimentos por falta de tecnología, investigación e innovación; 
3) Falta de apoyo a la pequeña agricultura familiar (84% de productores rurales generan 60% de alimentos que consumimos diariamente); y 
4) Impacto de desastres naturales y cambio climático.

Debemos implementar una política de seguridad alimentaria, coherente y sostenible, para impulsar la modernización, capitalización y productividad del campo, caso contrario, la desnutrición crónica infantil, la prevalencia de anemia en menores de 5 años, y el déficit calorífico, seguirán bordeando el 18%, 33% y 29%, respectivamente, a nivel nacional.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 9 de noviembre de 2013

El PERÚ Y LA CRISIS ALIMENTARIA MUNDIAL

Hace años la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advierte sobre el complejo panorama mundial por la progresiva alza de precios de los alimentos, habiéndose acentuado en los últimos meses por las sequías en EE UU, pero también, por la demanda mundial para producir biocombustibles, el cambio climático y el crecimiento demográfico. El pasado día 5 la ONG Oxfam presentó su último informe “Clima al límite, precios al límite”, señalando que los fenómenos meteorológicos extremos devastarán la producción de alimentos ocasionando drásticos incrementos de precios, resaltando que al año 2030 el precio del maíz y otros cereales aumentará hasta 140%.

En el caso peruano, el ministro de Agricultura, Milton von Hesse, ha negado una crisis alimentaria, sin embargo, los precios de los alimentos muestran una marcada tendencia al alza afectando a la población nacional. Según la presidenta de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), Lucila Quintana, la crisis alimentaria está perjudicando a 13.8 millones de peruanos que muestran la vulnerabilidad de la desnutrición, acentuándose en el sector rural, por su bajo nivel adquisitivo o falta de accesibilidad a zonas alejadas.

La agricultura en el Perú se ve principalmente afectada por:

1) Los gobiernos no priorizan, promueven, ni fortalecen la pequeña (familiar) y mediana agricultura que provee 70% de alimentos al mercado local;

2) Baja producción (solo usamos 3 de 6 millones de hectáreas disponibles);

3) Elevados costos de insumos de producción y fertilizantes;

4) Mínimo acceso al crédito agrario;

5) Falta de investigación e innovación tecnológica (de 6 millones de hectáreas disponibles, solo 200 mil usa agricultura tecnificada);

6) Falta de censo agropecuario actualizado (el último fue en 1994) no permite planificación de siembras ni proyectos del horizonte del mercado agrario nacional y externo;

7) Informalidad (4.5 millones de trabajadores informales);

8) Riesgos naturales y de mercado; y

9) Irracional uso de agua (70% del total nacional).

Bajo este panorama, nuestro país no cuenta con una estrategia de seguridad alimentaria, la cual debería ser prioritariamente implementada por el gobierno para atenuar los efectos de la crisis y su impacto inflacionario, incluyendo las siguientes acciones:

1) Fortalecer y priorizar la política agraria;

2) Mejorar su productividad a través del desarrollo tecnológico, especialmente en el ámbito rural, para mejorar su competitividad;

3) Priorizar la adaptación del agro al cambio climático;

4) Conservación de ecosistemas;

5) Transformación de patrones de consumo; y

6) Producción y provisión de masas críticas de alimentos elementales que mayormente importamos: cebada y soya (100%), trigo (65%) maíz (60%) y lácteos (50%).

Artículo de Alfredo Palacios Dongo, publicado en el diario EXPRESO, fecha 8 de setiembre de 2012

CRISIS ALIMENTARIA

Entre el 16 y 18 de noviembre pasado se realizó en Roma la “Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria” de la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y Alimentación (FAO) para adoptar medidas urgentes en la erradicación del hambre en el mundo. Actualmente se encuentran aquejadas por el hambre y pobreza más de 1,000 millones de personas –sexta parte de la población mundial– debido a una insuficiente inversión en seguridad alimentaria (acceso físico, social y económico a suficientes alimentos), en agricultura (cultivos, ganadería, silvicultura y pesca), y desarrollo rural. La producción agrícola tendrá que aumentar en 70% al 2050 para alimentar una población mundial que se prevé superará los 9,000 millones.

La declaración de esta cumbre plantea objetivos estratégicos y compromisos en cinco “Principios de Roma” para alcanzar una seguridad mundial sostenible, tales como aumentar inversiones, recursos y coordinaciones, acceso a más personas, así como enfrentar causas y mitigar efectos. Sin embargo, no se incluyen acciones ni objetivos cuantificables en las políticas públicas de los países para convertir compromisos en metas. Además, debieron analizarse más profundamente otros factores, tales como monopolio agroindustrial, agrocombustibles, soberanía alimentaria, especulación, cambio climático, energía y agua, deforestación, pérdida de biodiversidad, uso de pesticidas, precio de fertilizantes, etc.

Bajo este panorama, en el Perú puede agravarse la crisis alimentaria si seguimos dependiendo de la importación de alimentos esenciales como trigo, maíz, lácteos y soya. En el foro “Retos para el desarrollo agrario 2011” realizado en junio del año pasado en el Congreso de la República, se concluyó que entre los problemas del sector agrario figuran elevados costos de insumos de producción, atomización de los agricultores, mínimo acceso al crédito agrario, uso irracional de recursos naturales, requiriéndose la mejora de los flujos de comercialización, de saneamiento de tierras y de asistencia técnica.

A pesar de la importancia de esta cumbre el presidente Alan García no asistió –al igual que a la cumbre climática mundial en Copenhague– participando solo cuatro congresistas. El gobierno debería dar máxima prioridad a esta problemática ya que 32% de peruanos se alimenta inadecuadamente, y en 17 de los 24 departamentos el 30% de la población menor de 5 años –unos 600,000 niños– presenta desnutrición crónica, principalmente en Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Cajamarca y Puno.

Publicado en el diario EXPRESO, fecha 12 de diciembre de 2009