Desde
fines de 2021, Perú Libre y Alianza para el progreso, impulsaron cambios a la
Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763) presentando 3 proyectos para
modificar los artículos 29 (bosques de producción permanente), 33 (aprobación
de zonificación forestal), y, añadiendo una disposición complementaria final
(cambio de uso de tierras para actividades agropecuarias), buscando otorgar
títulos por cambio de uso de tierras en los bosques amazónicos para otros fines,
sin considerar el patrimonio forestal y el peligro de deforestación.
Estas
modificaciones son rechazadas por organizaciones sociales, productores agrarios
y pueblos indígenas porque legalizarían el cambio de uso no autorizado con
fines agropecuarios de tierras (de uso mayor forestal y de uso mayor para
protección) que forman parte del patrimonio forestal y fauna silvestre, lo cual
está estrictamente prohibido en la Ley Forestal; también se eliminaría la
obligatoriedad de evaluaciones técnicas para otorgar títulos de propiedad y
constancias de posesión en terrenos sin evaluar los impactos forestales y de
fauna silvestre, inclusive, la disposición complementaria final estaría
habilitando la creación de áreas de exclusión para fines agropecuarios o
agroindustriales sin considerar su capacidad de uso, incentivando la
deforestación, afectando la protección de bosques y gestión ambiental, a los
pueblos indígenas, además, debilitaría el control y fiscalización forestal y
ecosistemas.
El
14 de julio 2022, increíblemente, con menos de 10 minutos de debate, el Pleno
del Congreso aprobó el texto sustitutorio, el Ejecutivo observó esta iniciativa
siendo archivada en marzo 2023, pero en mayo, dichos partidos lograron que el
Congreso reconsidere el archivamiento, habilitándola, siendo nuevamente
observada por el Ejecutivo. Así llegamos al 14 de diciembre, siendo aprobada
sorpresivamente en el Pleno, sin estar en agenda y por insistencia, sin
análisis técnico ni opinión de autoridades competentes, y en la madrugada del
11 enero 2024, el presidente del Congreso, Soto, firmó la ley por insistencia
(Ley 31973) sin tomar en cuenta dos reconsideraciones pendientes de votación.
Bajo
este panorama, nuestros bosques amazónicos ocupan 60% de nuestro territorio,
somos el segundo país con más bosques tropicales del continente, después de
Brasil. No se puede permitir que intereses personales, políticos o partidarios,
pongan en riesgo nuestra Amazonía. En 2022 se registraron 144,682 hectáreas
deforestadas de bosque primario (6.5% más que 2021), somos el tercer
país más deforestado en la Amazonía después de Brasil y Bolivia.
Cuatro
embajadas (Reino Unido, Noruega, Alemania y Canadá) han advertido sobre los potenciales
impactos de esta Ley 31973 en la lucha contra la deforestación. Además, esta
ley promulgada ya tiene una demanda de inconstitucionalidad en el Tribunal
Constitucional, además de una denuncia constitucional contra el presidente del
Congreso, Soto, y el vicepresidente Cerrón. Esperamos que se haga pronta
justicia y no se desnaturalice la Ley Forestal.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 27 de enero de
2024
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