El
pasado 22 de agosto la iniciativa Unidos por los Bosques, de la Fundación para
la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS-Perú) presentó el informe “Minería
ilegal en la Amazonía peruana”, señalando que la minería ilegal de oro ha crecido
en 32 distritos de la Amazonía en los últimos 3 años (regiones:
Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali), impactando 22
ríos (los más afectados: Marañón, Huallaga, Santiago, Nanay, Napo,
Inambari y Putumayo), empleando minería aluvial, en cuerpos de agua mediante
dragas y con maquinaria pesada en zonas no permitidas.
El
informe estima que el porcentaje de oro ilegal exportado estaría en un rango
entre 30% y 70%, y el reporte estadístico, junio 2023, de la superintendencia
de Banca y Seguros señala que los montos acumulados sobrepasan los US$ 8,000
millones, superando al narcotráfico y corrupción de funcionarios, asimismo, los
Reportes de Operaciones Sospechosas, la señalan como mayor amenaza de riesgo de
lavado de activos. El estudio de la Consultora V&C Analistas (efectuado por
encargo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía), advierte que
la minería ilegal e informal está creciendo en los 10 últimos años a tasa de 11.7%
anual generando pérdidas por S/ 22,700 millones (2.5% del PBI).
En
Madre de Dios, la minería ilegal está desbordada, en agosto 2022 expertos del
Proyecto Prevenir de USAID presentaron informes explicando que en esta región existen
31,390 mineros informales y 9,323 ilegales (solo 5,000 formales), y en una extensión
de 7,300 km2 detectaron 3,500 artefactos ilegales (balsas con motores, bombas
de succión, dragas en lecho de ríos, deslizamientos tubulares, volquetes y
cargadores frontales) que afectan áreas naturales, zonas de amortiguamiento y
comunidades indígenas, y, entre 2021 y 2022, arrasaron 18,421 hectáreas de
bosque, extensión, que, si hoy se replantara, demoraría 100 años en recuperarse.
Bajo
este panorama, a esta ilícita actividad se le vincula con narcotráfico,
delincuencia organizada, trabajo infantil y forzoso, trata de personas,
extorsión, sicariato, homicidio, robos de tierras, además, afecta severamente
los bosques y agudiza el cambio climático, emplea mercurio para extraer el oro,
veneno silencioso que deteriora aguas, suelos, medio ambiente y la salud humana.
A pesar de esta grave situación el viceministro de minas, Jaime Chávez,
considera difícil que cambie en el corto plazo porque su causa es la pobreza,
ilegalidad y alto precio del oro, increíblemente para él no hay solución ni
toma medida alguna. Para combatir la minería ilegal, la primera acción
principal sería la activación de la formalización minera promulgada hace 21
años (ley 27651 enero 2002), sin embargo, este gobierno prorrogó su vigencia
hasta diciembre 2024 (ley 31388 diciembre 2021).
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha sábado 30 de
setiembre de 2023
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