Los
nombramientos más de 1,600 prefectos regionales y subprefectos provinciales y
distritales los hizo el comunista Castillo como una repartija de trabajo con
sueldos de hasta S/ 4,200, y en su gran mayoría, pertenecían al partido
político Popular Magisterial, del ala radical del Fenatep, de Perú Libre, de
Movadef, gente afín al gobierno comunista, aportantes de campaña y pago de
favores. Estos cargos son órganos
desconcentrados de la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del
Interior que teóricamente representan al gobierno en sus jurisdicciones y fueron designados por
Castillo para que representen su brazo
político, actúen como “sus ojos y oídos”, sirvan como portátil durante sus
viajes al interior del país y para hacer campaña de la Asamblea Constituyente, cientos de ellos se reunían en distintas fechas con Castillo en Palacio, de noche y sin
agenda oficial.
La actual
gestión de transición de Boluarte ha cesado 1,619 prefectos y subprefectos
designados por Castillo, por ser sus aliados, y, parte de ellos, azuzadores de
los actos de violencia, sin embargo, a pesar que el Congreso procesa la
eliminación de estos cargos, el premier Otárola ha señalado que estos puestos
serán reemplazados, y, adelantándose a lo que decida el Congreso, Boluarte, el
pasado día 22, a solo 15 días de asumir el gobierno de transición, designó el
primer reemplazo, justamente en la prefectura regional de Apurímac, región
donde ella nació, nombrando al Coronel (r) PNP Oscar Herrera Hermosa (RS
1290-2022), ¿porque un solo reemplazo tan urgente?.
Los cargos de prefectos y subprefectos deben ser totalmente
eliminados por obsoletos y debieron ser desactivados cuando se aprobó en
noviembre de 2002 la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, antes de este
año eran importantes cuando no teníamos el país descentralizado, pero ahora, representar al gobierno y planear, dirigir, coordinar, supervisar y
evaluar la gestión de las autoridades políticas, interfiere con las
funciones de los gobernadores y alcaldes, hacen “trabajo paralelo” al de las
autoridades locales elegidas por voto popular, y a ellos les corresponde asumir
ese trabajo, además, la inversión es cuantiosa en infraestructura, logística y
sueldos, para 2022 son S/
65 millones, y para 2023, será incrementado a S/ 80 millones, asignación que
podría usarse para remodelar y modernizar comisarías del país con mala
infraestructura y falta de equipamiento.
Bajo este
panorama, el pasado 3 de noviembre la Comisión de Descentralización aprobó, con
10 votos a favor y 6 en contra, el
dictamen sobre eliminación de los cargos de prefectos y subprefectos, el cual
debería ser agendado a la brevedad para su debate y votación en el pleno del
Congreso.
Artículo de
Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 31 de diciembre de
2022
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