El
pasado día 7 fue un día histórico para nuestro país, por fin cayó el delincuente
comunista Castillo, un nefasto personaje que en 16 meses de abominable gobierno
lo único que buscó fue crear una organización criminal con su familia,
allegados, paisanos, empresarios y políticos miserables para robar y coimear de
las arcas del Estado, y, con su Asamblea Constituyente y cambio de Constitución
pretendía perpetuarse en el poder, jamás le interesó la democracia, la
institucionalidad ni la gestión pública, dañó la moralidad, dignidad y ética
pública y los valores de la población y ocasionó la peor inestabilidad social,
política y económica del país.
El
delincuente comunista Castillo cayó como golpista dictador, en flagrancia, por
intentar un golpe de Estado, pretendía cerrar el Congreso, intervenir el Poder
Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal
Constitucional, fue capturado por su propia escolta camino a pedir asilo en la
Embajada de México, y ahora, permanece detenido en Diroes (Ate) donde deberá responder
por el delito de sedición.
Lo
más importante para lograr la caída de Castillo ha sido la unidad
institucional, papel preponderante del Ministerio Público y la valiente Fiscal
de la Nación, Patricia Benavides, quien desde que asumió su cargo (20 de junio)
creó un equipo especial de fiscales para investigar casos de corrupción y
criminalidad organizada vinculados al poder, denunciando a Castillo por
encabezar una presunta organización criminal y presentando al Congreso, el 11
de octubre, la denuncia constitucional, el Congreso, con 101 votos, lo vacó de
inmediato por incapacidad moral, y las Fuerzas Armadas y Policía Nacional actuaron
debidamente de acuerdo al estricto respeto al orden constitucional y la
democracia, una acción reconocida por todos los peruanos.
Bajo
este panorama el delincuente comunista Castillo no debe caer solo, deben ser
investigados sus grupos delincuenciales, sus allegados, parientes, y todo el entorno
que trabajó directamente con él en el Ejecutivo, los ministros que desde la
fuga de Pacheco, Silva y sus sobrinos ya podían razonar claramente sobre la
actitud delincuencial de Castillo, sin embargo, miraron de costado, pero
principalmente los ministros que firmaron el acta sobre la cuestión de
confianza en desacato a la ley 31355. También, a la presidenta reemplazante, Dina
Boluarte, quien compartió con Castillo desde las elecciones y durante todo el
gobierno, porque tiene investigaciones en curso desde octubre 2021 por lavado
de activos en la campaña de Perú Libre. El Ministerio Público y la Fiscalía de
la Nación tendrán un arduo trabajo investigatorio y sancionador frente al
batallón de delincuentes que han surgido durante los 16 meses del nefasto
gobierno del comunista Castillo.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 10 de diciembre
de 2022
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