El
pasado día 20 durante la 77° Asamblea General de las Naciones Unidas, el
comunista Castillo, además de victimizarse y tratar temas sin dejar posturas
claras sobre nuestras relaciones con la República Árabe Saharaui, con Palestina
y Rusia, intentó confundir sobre la real situación de nuestro país referida al
Acuerdo de Escazú al decir que “el Perú ha suscrito dicho acuerdo”, pero no
explica que no ha sido ratificado y no es vinculante para Perú al haber sido
rechazado y archivado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso
Congreso el 11 de julio de 2022, por tratarse de un Acuerdo lesivo a nuestros
intereses nacionales.
Este
Acuerdo Regional ratificado solo por 13 de 33 países de Latinoamérica y El
Caribe, dispone que cualquier
persona, o personas jurídicas (ONG ambientalistas) pueden acceder a toda
información ambiental obligando al Estado a entregársela, además posibilita su
participación en proyectos, inclusive antes de los estudios de impacto
ambiental (EIA), igualmente, les permite acceso a instancias judiciales y
administrativas para impugnar decisiones u omisiones que (según ellos) podrían
afectar el ambiente, y hasta pueden trasladar conflictos ambientales internos
hacia tribunales internacionales, con esto estaríamos cediendo
voluntariamente soberanía de nuestro territorio, especialmente en la Amazonía, afectando
proyectos mineros, hidrocarburos, forestales.
Desde que asumió este gobierno
comunista marxista leninista trató de aprobar dicho Acuerdo de Escazú. En julio
2021 el ministro de Relaciones Exteriores, el ex guerrillero Héctor Béjar, se
comprometió a impulsarlo por ser, según él, “uno de los tratados más
importantes en materia ambiental”, el 24 de enero pasado el ministro de
Comercio Sánchez presentó una carta al Congreso solicitando poner a debate un
proyecto de ley que plantea su aprobación, también, el 30 de agosto, el ministro
de Justicia Chero afirmó que la posición del saliente ministro Rodríguez Mackay
en contra de este Acuerdo, no es la posición del Estado, y César Landa, que el
13 de setiembre juramentó como el quinto canciller, es reiterativo
argumentando su importancia asegurando que “nuestro orden constitucional,
internacional, habilita su atención y no afecta la soberanía nacional”.
Bajo este panorama, no se debe permitir que el
gobierno comunista reabra el debate del rechazado y archivado Acuerdo de
Escazú. Nuestro país cuenta con enorme disponibilidad de recursos naturales
explotables e importante potencial geológico para optimizar su uso y alcanzar
el desarrollo sostenible y responsable que podemos lograr con independencia,
sin ser partes de un tratado que afectará nuestra soberanía porque será
supervisado por la Cepal que, como juez y parte, obligará a informarle sobre
nuestras acciones ambientales, sin derecho a reserva.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 24 de setiembre de 2022
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