Actualmente está en vigencia la
Política Nacional contra las Drogas al 2030, aprobada en diciembre 2020, en la
que se explica que la prevalencia de consumo de cocaína en nuestro país es una
de las más bajas de la región, por lo que casi la totalidad de su producción se
exporta para abastecer el mercado global, la Comisión
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) no entrega datos
oficiales sobre nuestra producción anual de drogas, pero según último informe
de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de EE UU (ONDCP) el
Perú produce 810 toneladas de cocaína con coca cultivada en 88,200 hectáreas.
El fraude de esta estrategia
comunista consiste en que Soberón selló un “pacto social ciudadano” con los
gremios cocaleros para que ellos mismos reduzcan voluntariamente sus cultivos y
se autoerradiquen, lo cual jamás va a suceder. A pesar que la normativa
nacional contra las drogas señala que la erradicación es elemento central
conjuntamente con atender las principales zonas de producción y comercio de
cocaína, dicho fraude fue legalizado con el DS-086-2021-PCM fecha 29 abril 2021
estableciéndose en la Política Nacional contra las Drogas al 2030 las zonas
estratégicas de intervención, sin
considerar erradicación en las de alto impacto y mayores cultivos que abastecen
directamente el mercado ilegal de la droga como el Vraem, donde se concentra la mayor cantidad de
cultivos ilegales del país (alrededor de 30,000 hectáreas) derivadas directamente al narcotráfico, además de zonas no
consideradas como Huallaga, La
Convención-Kosñipata, la Triple Frontera.
Bajo este panorama Soberón
asistió en marzo pasado a Viena y Bruselas a la comisión de estupefacientes, y
este mes (23 de junio) a Asunción, a la reunión Copolad III sobre políticas de
drogas, en ambas reuniones reiteró las bondades de su engañoso “pacto social
ciudadano” manifestando que se trata de una fórmula para la reducción gradual y
voluntaria de extensiones de hoja de coca, y el Estado, a cambio, pueda
proporcionar servicios; realmente un buen discurso engañoso a nivel
internacional, pero lo que no dijo, es que no se erradicará ni una hectárea en
el Vraem ni en zonas de alto impacto, dando carta abierta a los cocaleros para
sembrar sus cultivos ilegales. Esta fraudulenta estrategia comunista, que ni siquiera fue informada a la
procuraduría antidrogas, ocasionará
un incalculable incremento de coca ilegal, producción de cocaína y de
narcotraficantes que nos puede convertir en un país narco. No extraña que la
última encuesta nacional de Ipsos (23 y 24 junio) registre que para el 52% de
peruanos el gobierno está permitiendo la expansión del narcotráfico.
Artículo de Alfredo Palacios
Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 2 de julio de 2022
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