Desde
que asumió este gobierno comunista marxista leninista está tratando que se
debata en el Congreso la aprobación del Acuerdo de Escazú aún cuando el 20
octubre 2020 fuera rechazado y archivado en la Comisión de Relaciones
Exteriores. Este acuerdo, que en teoría esta concebido para la conservación e
igualdad ambiental en la región, incluye normas muy peligrosas sobre acceso a
la información, participación pública y acceso a la justicia, además, permite
la participación del público u ONG en los procesos ambientales sobrepasando el
convenio de la OIT vinculada a la consulta previa, y en materia de
administración de justicia afectaría la soberanía del país.
Al ser nombrado en julio 2021 el ex guerrillero Héctor
Béjar como ministro de Relaciones Exteriores, se comprometió a impulsar este
Acuerdo de Escazú considerando que era uno de los tratados más importantes en
materia ambiental. También, el pasado 23 de enero, el titular del ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez (presidente del partido político
Juntos por el Perú) presentó una carta a la presidenta del Congreso solicitando
que se ponga a debate un proyecto de ley que plantea la aprobación del Acuerdo
de Escazú con el pretexto de solucionar con dicho marco normativo el derrame de
petróleo en la refinería La Pampilla; en la carta aduce que hay dos
dictámenes en mayoría y minoría de 2019 de la Comisión de Relaciones Exteriores
que deben ser debatidos en el Pleno, lo cual no procede porque la ratificación
de este Acuerdo fue rechazada y archivada por dicha Comisión en octubre 2020. Asimismo,
el pasado día 18, el actual ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, durante
una presentación ante la Comisión especial multipartidaria sobre mitigación de
efectos del Cambio Climático, al referirse a la ratificación del Acuerdo de
Escazú, aseguró que “nuestro orden constitucional, internacional, habilita su
atención y no afecta la soberanía nacional”.
Bajo este panorama, el
Acuerdo de Escazú, rechazado y archivado, no debe ser debatido en el Congreso
para su aprobación por comprometer nuestra libertad de determinación ya que es supervisado por la Cepal que
obliga a informar las acciones ambientales sin permitir hacer reservas, lo cual puede afectar
proyectos mineros, de hidrocarburos, forestales, además, cualquier
persona natural, o jurídica como las ONG ambientalistas (unas 100 en el país)
pueden acceder a toda información ambiental obligando al Estado a entregársela,
además posibilita su participación en proyectos, inclusive antes que las
empresas presenten estudios de impacto ambiental (EIA), permitiéndoles el acceso
a instancias judiciales y administrativas para impugnar decisiones u omisiones sobre
el ambiente, temas que en nuestro
sistema jurídico se cuenta con la regulación necesaria.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO,
fecha 26 marzo del 2022
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