Al
día de hoy, 1 de enero 2022, han pasado 5 meses y 5 días de este desastroso y
destructivo gobierno comunista marxista leninista, la economía se va a pique, los
anuncios de asamblea constituyente, nacionalizaciones y estatizaciones, ahuyentaron
la inversión privada (se pronostica contracción de 27% para 2022), y generaron fuga
de capitales (más de US$ 15,000 millones, la mayor desde 1950, equivalente a
7.4% del PBI), nuestra moneda se ha devaluado 13% frente al dólar, y el alza de
precios de alimentos sigue incrementándose.
En minería, este
gobierno antiminero ha afectado las operaciones de 6 minas en Ancash, Lima e
Ica, la Premier Vásquez anunció en Ayacucho el cierre unilateral de cuatro
minas, y en Apurímac se cerró Las Bambas que producía 15% del total de cobre,
se pierden S/ 5.2 millones diarios y afecta a 8,000 trabajadores y
75,000 familias, situación que elimina la posibilidad de construir nuevos
proyectos mineros.
Sobre el narcotráfico,
sin erradicación de cultivos ilegales y con una “ley de la hoja de coca” que Castillo ofreció en el Vraem,
quiere convertirnos en un narcoestado. Nuestra política exterior nos
traiciona, nos acercamos a intereses de Venezuela y Cuba y la irresponsabilidad
de permitirle a Evo Morales hacer proselitismo político e inmiscuirse en nuestros
asuntos internos.
Castillo podría estar
involucrado en casos en investigación que configuran delitos de colusión,
tráfico de influencias, patrocinio ilegal, abuso de autoridad y negociación
incompatible, entre ellos, el financiamiento de su campaña por la mafia “Dinámicos
del Centro”; el vergonzoso caso de sus reuniones clandestinas en Breña; los US$
20,000 encontrados en el baño del despacho de su ex secretario Pacheco en
Palacio; la intolerable injerencia en las Fuerzas Armadas, en ascensos e
imposición de comisarios políticos (como en Cuba y Venezuela); la ignominiosa
filtración de pruebas de evaluación docente; las escandalosas licitaciones millonarias
con situaciones irregulares, vulneración de normas y reuniéndose y favoreciendo
a proveedores en los casos Provías Descentralizado (US$ 60 millones) y
Petroperú (US$ 74 millones).
Bajo este panorama, Castillo,
sin liderazgo político, con discursos que inquieren tergiversar y mentir para
polarizar al país, sin propuestas sobre el rumbo a seguir y con vehemente
aversión contra las libertades, se ha desacreditado rápidamente (tiene 62% de
desaprobación), está destruyendo el país ahuyentando las inversiones generando
calificaciones de riesgo con perspectivas negativas, deteriora las
instituciones del Estado con nombramientos inadecuados para cubrir cargos importantes,
además, por presuntos delitos cometidos, intenta entorpecer las investigaciones
fiscales. Todo lo expuesto genera enormes cuestionamientos e incertidumbres
sobre su capacidad moral para gobernar nuestro país.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 1 de enero de 2022
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