El
pasado día 10, en una entrevista, el presidente Francisco Sagasti manifestó su
deseo de reactivar, entre otros, el Proyecto Majes-Siguas II. Este proyecto,
desde mayo 2006 en que Proinversión convocó su concesión, muy poco ha avanzado.
Majes-Siguas II es la continuación de una primera etapa que culminó en 1985 con
la construcción de la Represa de Condoroma para irrigar 23,000 hectáreas en la pampa
de Majes, y consiste en la ejecución de obras de afianzamiento hídrico e
infraestructura de irrigación para incorporar 38,500 hectáreas en la pampa de
Siguas.
Increíblemente esta
obra está perseguida 14 años por problemas y controversias. En mayo 2006 Proinversión
convocó su concesión y recién en setiembre 2010 fue adjudicada al consorcio Cobra
Instalaciones-España y Cosapi-Perú, y aunque el proyecto inicial fue concebido para
invertirse US$ 148 millones, la suscripción fue por US$ 425 millones, y encima,
los trabajos fueron suspendidos (2010-2013) por conflictos legales con el
gobierno regional del Cusco por el desvío del río Apurímac, solucionándose en
abril 2015 y firmándose un nuevo contrato con inversión incrementada hasta US$
550.5 millones producto de 12 adendas suscritas.
Las obras se
reiniciaron en 2015, con mínimo avance (16%) y volvió a paralizarse a fines de
2017, en julio 2018 Cosapi se aleja del proyecto quedando a cargo de Cobra
Instalaciones-España, empresa que presentó otra adenda, la número 13, para
implementar un sistema de riego tecnificado y otras obras que ocasionaría un nuevo
incremento de US$ 110 millones elevando el costo a US$ 660.5 millones. Esta
adenda tiene reparos de la Contraloría General y de la Autoridad Nacional del
Agua, además hay una investigación inconclusa del Congreso disuelto sobre actos
y procesos administrativos del proyecto. Una obra que inicialmente se concibió
para invertir US$ 148 millones, se elevaría hasta US$ 660.5 millones.
Bajo este panorama, debe
priorizarse el reinicio de este megaproyecto que crearía condiciones para
desarrollar US$ 360 millones anuales de producción agroexportadora, pero
también deben investigarse todos los procesos realizados. En la situación
actual, el gobernador regional, Elmer Cáceres, que en 2018 aseguró que no
firmaría la adenda 13, el pasado día 11 aceptó firmar una adenda con
supervisión especializada para elaborar y presentar su versión final, pero aún
quedan pendientes la compra de terrenos de Pusa Pusa, el Estudio de Impacto
Ambiental, certificado de inexistencia de restos arqueológicos y el mantenimiento
de las hidroeléctricas de Lluta y Liuciia. Desde su reinicio se calcula que el
proyecto demoraría 7 años.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 16 de enero de 2021
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