Pero
lamentablemente poco nos sirvió esta hecatombe corrupta para tomar conciencia
del daño político, económico, legal, empresarial y moral que ocasionó. En 2016,
antes que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara la corrupción
que involucraba el Perú con Odebrecht, la Defensoría del Pueblo denunciaba que el
costo de la corrupción en Perú significaba el 10% del presupuesto público
aprobado (S/ 140,000 millones) estimándose la pérdida para el país de S/ 14,000
millones. Esta denuncia de corrupción en obras públicas es corroborada con el
informe de gestión que el Contralor General, Nelson Shack, expuso ante la
Comisión de Fiscalización del Congreso este 19 de agosto según el cual el costo
de la corrupción en el país en 2019 fue de S/ 23,297 millones (S/ 13,670 a
instancias del Gobierno Nacional y S/ 9,627 de Gobiernos Regionales y Locales)
dichos montos de corrupción fueron determinados antes de la pandemia, sin
embargo, según el Contralor, existe evidencia empírica que en situaciones de
emergencia la corrupción es mucho más grande.
La
obra pública es motor del desarrollo y su inversión es crucial es esta etapa de
pandemia para reactivar la económica, mejorar la capacidad productiva, generar
empleo y mayores salarios, según la ministra de Economía la inversión
proyectada para este año es de US$ 30,000 millones para ejecución de obras en
proyectos mineros, portuarios, de hidrocarburos e infraestructura, sin embargo,
es imprescindible transparentar controlar y fiscalizar todas las obras en cada
una de sus etapas, planeamiento, contratación, adjudicación y ejecución.
Bajo
este panorama, para eliminar la corrupción en la obra pública se requiere de
voluntad política seria, transparencia e integridad y enrumbar hacia una nueva
gestión pública que incluya verdaderos expertos en ingeniería, planificación,
programación, técnica financiera, etc., también implementar un observatorio de
la obra pública para fiscalizar la inversión pública y las licitaciones, el
seguimiento de fondos en tiempo real y la agilización en denuncias por
irregularidades, además, apoyar a la Contraloría en recursos logísticos y
humanos (auditores y técnicos) para la ejecución de megaoperativos de control
recurrentes.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo
publicado en el diario EXPRESO, fecha 12 de setiembre de 2020
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