Artículos de opinión de Alfredo Palacios Dongo

LA REPUDIADA INMUNIDAD PARLAMENTARIA


Los resultados de las elecciones del pasado 26 de enero señalan que nueve partidos han alcanzado pasar la valla electoral logrando representación en el próximo Congreso que presenta alta dispersión y fragmentación, con algunos partidos con prédicas religiosas, absolutistas, violentistas y radicales, motivo por el cual este Parlamento se verá obligado a dosificar, consensuar y negociar para concluir las reformas política y judicial en solo 15 meses. Durante la campaña electoral, la mayoría de partidos y postulantes ofrecieron debatir prioritariamente el tema de la inmunidad parlamentaria, esperamos que eso se cumpla porque se trata de un privilegio infundado que tienen los congresistas para evitar ser procesados ya que ésta solo puede levantarse con aprobación de ellos mismos, caso contrario ningún congresista puede ser procesado ni detenido desde su elección hasta un mes después de finalizada su función; aunque parezca increíble, muchos congresistas elegidos para este nuevo parlamento registran grave historial judicial y policial pero tendrán inmunidad parlamentaria.

A pesar que esta prerrogativa está amparada en la Constitución (artículo 93°) se ha prestado para innumerables blindajes de congresistas evitando ser procesados por acciones que no están relacionadas con sus obligaciones parlamentarias (el Poder Judicial le pidió al Congreso disuelto el levantamiento de inmunidad de ocho legisladores sentenciados pero solo tres fueron declarados procedentes), además, los mismos congresistas, hasta en cinco dictámenes, rechazaron perder el control para levantamiento de inmunidad para seguir esquivando a la justicia. Del último congreso disuelto 31 excongresistas que perdieron su inmunidad tienen investigaciones pendientes en el Ministerio Público por diversos delitos, y algunos de ellos de la Comisión Permanente seguirán protegidos hasta 30 días después de la instalación del nuevo Congreso.

Bajo este panorama la inmunidad parlamentaria ha generado impunidad para muchos congresistas en base a cálculos políticos y componendas, este indigno privilegio, desde hace años ha sido repudiado en todas las encuestas por más del 70% de la población, según la última de Ipsos (noviembre 22), el 78% la rechaza y pide eliminarla. Una acción principal del nuevo Congreso debería consistir en derogar o reformular el artículo 93º de la Constitución de manera que la decisión de levantar la inmunidad en casos de delitos comunes no dependa del mismo Congreso como juez y parte, sino de la Corte Suprema u otro organismo autónomo. Finalmente, la representatividad de los congresistas debería obligarlos a seguir un comportamiento ético y de conducta al servicio de la sociedad y del país.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 1 de febrero de 2020

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